España y sus miles de insolventes que viven como Dios: causas y soluciones

Hoy ha saltado la noticia de que Luis Medina, el comisionista que se llevó por la patilla 6 millones de euros de todos los madrileños con la bendición del alcalde Almeida, no puede ser embargado porque en sus cuentas sólo hay 250 euros. Así que el Juez de Instrucción le imputa pero no logra recuperar el dinero robado, y todo indica que jamás lo logrará. Esta situación no es ni mucho menos excepcional, pues España está plagada de empresarios y otros sujetos que, siendo pobres de solemnidad a efectos legales, viven con todos los lujos imaginables. Están desde los que ponen todo a nombre de la mujer o el hermano, hasta los que crean complejos entramados societarios con testaferros para ocultar sus millones. Y, sobre todo, se aprovechan de un sistema judicial y tributario con una tolerancia enorme hacia ese tipo de prácticas, unas leyes penales que las castigan con tremenda levedad y una falta de funcionarios y recursos que dificultan mucho su persecución.

Un ejemplo. Un empresario deja a deber 70.000 euros a sus trabajadores y a renglón seguido pone el negocio a nombre de su mujer, Ampliamos ejecución de sentencia contra la esposa y no se presenta ni el tato a la vista. Nosotros aportamos 15 facturas que habíamos logrado encontrar, todas del negocio y a nombre de la mujer. Pedimos igualmente el interrogatorio de la mujer, la aportación de los libros de facturas del negocio...y, como digo, no comparece nadie a la vista ni aportan documento alguno. La jueza les absuelve diciendo que nuestras 15 facturas (al igual que un testigo que declaró que el tío seguía regentando el negocio y la mujer jamás aparecía por allí) no son prueba suficiente. Moraleja: si eres un defraudador tu mejor estrategia procesal es no acudir a juicio y no aportar nada de lo que te pidan. Por supuesto lo hemos recurrido.

Otro ejemplo. En Murcia hay tíos que llegan a tener 30 empresas a su nombre para un mismo negocio. Las van quemando una por una y cuando se llenan de deudas las dejan morir y pasan a la siguiente, o las usan simultáneamente para, por ejemplo, facturar con una y tener de alta a los empleados en otra, a fin de no pagarles las deudas salariales. Mucha gente va a lo fácil y demanda solo a la empresa donde los trabajadores están de alta, la empresa no se presenta al juicio y paga el Fondo de Garantía Salarial mientras el administrador de las empresas sigue forrándose con la enésima que ha creado. En Murcia hay insolventes oficiales que controlan los principales bares de copas de la ciudad, moviendo centenares de miles de euros cada fin de semana y sin nada a su nombre.

Estas prácticas cuestan miles de millones de euros al Estado todos los años, que paga a través del Fondo de Garantía Salarial indemnizaciones por despido y deudas salariales de miles de trabajadores cuyos empresarios tienen patrimonio más que suficiente para pagar, pero lo ocultan.

¿Cómo hacer que estos insolventes paguen? Primeramente aumentando el número de jueces, fiscales e inspectores de hacienda (cuerpo éste último que, con su trabajo, aporta al Estado muchísimo más dinero del que cuesta pagar los sueldos de los inspectores). Los juzgados están saturados y los jueces asfixiados de trabajo, igual que los inspectores de hacienda. Ello lleva a que las investigaciones sean desastrosas en muchos casos por falta de medios, y a que la mayoría de jueces de lo social no se molesten en elevar testimonio a la jurisdicción penal cuando detectan evidentes alzamientos de bienes en el marco de procesos laborales, o desarrollen los juicios del modo kafkiano que he descrito en el segundo párrafo del artículo, bien porque están agotados, bien porque no quieren calentarse la cabeza.

En segundo lugar, es clave imponer penas muchísimo más duras para los defraudadores, pues en España son ridículas, y mejorar las medidas cautelares para que, en cuanto existan indicios razonables, se pueda embargar el patrimonio del defraudador sin darle tiempo a vaciar las cuentas. Porque en España sale infinitamente más barato crear un entramado para eludir deudas de 10 millones de euros, que romper el cerrojo de una panadería para robar unas barras de pan. Y esto nos lleva a la tercera medida, la más utópica de todas: acabar con la tradicional tolerancia al fraude que pudre las conciencias de tantísimos ciudadanos, desde los millonarios y los políticos que les sirven, a tanto currante que estúpidamente suelta el clásico "si estuviera en su lugar yo también lo haría", obviando que esa mentalidad le puede costar la vida si pilla un cáncer y la lista de espera es kilométrica, y le va a costar el futuro cuando tenga que malvivir con una pensión de 600 euros.