"La exempleada, Simona Chambi, tiene abiertas unas diligencias penales en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria por un presunto delito de extorsión. Días antes de que la papeleta de conciliación llegara a manos del empleador, un destacado militante de VOX en Las Palmas, Luis Ricardo Rosales Medina, ya presumía en reuniones sociales de tener “algo gordo” contra “esa chica que está contra la violencia de las mujeres”, algo estaba relacionado con una empleada de hogar y que su publicación estaba pendiente de lo que ocurriera en el acto de conciliación en el SEMAC. En la papeleta, además de peticiones referidas al finiquito y a las vacaciones pendientes de disfrutar, la exempleada exigía 10.000 euros como pago por lo que consideraba “una humillación como mujer e inmigrante” consistente en acudir durante sus vacaciones al domicilio del empleador a regar las plantas y dar de comer a un conejo. En su demanda, presentada el pasado día 20 de agosto, Chambi hace desaparecer esa exigencia dineraria para centrar su petición únicamente en el despido, que considera nulo o improcedente, a pesar de no tratarse de un despido, sino de un desistimiento así contemplado en el régimen de empleadas de hogar.
Además del destacado militante de VOX Luis Ricardo Rosales, estaba al tanto de la operación el exjefe de prensa del exministro de Industria José Manuel Soria (Partido Popular), el presentador radiofónico Juan Santana Hernández, que realizó al menos tres publicaciones en la cuenta de su programa en Twitter amenazando a Victoria Rosell con la palabra “Simona”, escrita en mayúsculas en dos de las ocasiones."

“Y si contamos lo de Simona? El que ríe el último ríe mejor... Ya falta muy poco... muy poco. Tictac, Tictac...”, escribía Santana el 15 de agosto a las 15:23 en la cuenta de su programa, seis días antes de que el periodista Fernando Lázaro publicara en El Mundo la primera noticia referida al caso Simona: “La empleada del hogar de Victoria Rosell denuncia que le pagaba con 'dinero negro”. Lázaro fue el periodista que llevó el peso de las informaciones que partían de Salvador Alba contra Victoria Rosell entre 2015 y 2016, una conspiración que llegó a juicio y que le costó al exjuez una condena a seis años y medio de cárcel por cohecho, prevaricación y falsedad documental, así como una indemnización de 60.000 euros y la pérdida de su carrera profesional. La sentencia está pendiente de casación en el Supremo."

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