El Gobierno echa el ojo a Housers y al limbo jurídico del crowdfunding inmobiliario

El Gobierno no quiere más sustos con el ladrillo, y menos si con ellos se ponen en solfa los nuevos y más sofisticados sistemas de financiación alternativa que están surgiendo en España al rebufo de la crisis financiera. El escrito pone el dedo en la llaga sobre la naturaleza de la actividad desarrollada por Housers Global Properties, una empresa todavía joven, pero que se ha convertido en la primera comunidad de inversión participativa dentro del sector inmobiliario en España, con más de 30.000 usuarios captados desde su constitución.