En este país la ley de patrimonio está para incumplirla, entre otras cosas porque el expolio pasivo es delito. Es decir, si un ayuntamiento/junta/diputación deja que se deteriore un monumento a su cargo está cometiendo un delito. Pero claro, las administraciones no se denuncian entre sí y, aunque lo hicieran, seríamos al final los contribuyentes los que nos pagaríamos una multa a nosotros mismos. Porque claro, ningún consejero, concejal ni similar va a tener una responsabilidad personal en un proceso de deterioro más o menos lento y progresivo.
Sumemos a esto que hace ya bastante que empezó a gestionarse el patrimonio cultural en términos de recursos turísticos y por tanto en base a rentabilidades económicas. Los monumentos en zonas de gran afluencia turística pueden/suelen estar más o menos manteniendos (y aún así, si hay un pequeño monumento junto a uno muy famoso es probable que abandonen el primero). Ahora bien, todo lo que queda en zonas no turísticas y bajo la jurisdicción de ayuntamientos pequeños con pocos recursos está en peligro: si no está ahora mismo en "la lista roja", lo estará. Porque una de las grandes verdades de la conservación es que luchamos contra el tiempo, sabiendo desde el principio quién va a ganar (spoiler: no somos nosotros).
Y no me vale el argumento de no hay dinero para todo... Si las prioridades fueran las que deben ser, lo habría. Entre otras cosas porque a los políticos les encanta gastarse 1 millón de euros en una intervención espectacular de su primo el arquitecto a gastarse 100.000€ en 10 monumentos que necesitan un arreglito aquí y otro allá.
Y ya otro día echo bilis sobre los tenedores de patrimonio en condiciones cochambrosas (principalmente castillos y todo el patrimonio de la Iglesia).

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