...por presunta usurpación de funciones públicas y por coartar la libertad de conciencia y de voto de los diputados socialistas. En la denuncia afirman que “se ha cometido presuntamente un delito contra la inviolabilidad de los parlamentarios” y apelan al precepto del Código Penal (Artículo 498)

Si a eso añadimos el artículo 23.1 de la Constitución (Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. ) en el que dice claramente que los elegibles representan a los electores, y nada sobre representar a un partido...

Vamos, que la demanda es algo más que un intento por recuperar el control del partido: Invita a pensar en la sospecha de que la disciplina de voto podría ser anticonstitucional y, además, un delito. Visto de esa manera, está claro que el Poder Judicial y las presiones de los partidos autodenominados "constitucionalistas" la van a tumbar a la primera, considerando las implicaciones que conlleva sobre el sistema de representación.

No nos hagamos ilusiones.