Cualquier trabajador, también un funcionario, tiene derecho a jubilarse cuando quiera a partir de la fecha mínima legal.

Pero esto es un poder del Estado, el judicial. Los otros dos poderes se tienen que renovar regularmente: el legislativo, legitimado por el voto controlado de los ciudadanos; el ejecutivo, aprovechando lo que los ciudadanos votaron. El judicial no puede ser jamás un poder del Estado si no está legitimado por los ciudadanos y sólo se renueva cuando lo desean quienes lo detentan o cuando se mueren.