El problema está en que este, como todos los jueces, representa a un poder del estado con carácter casi vitalicio. Al ejecutivo y al legislativo (interesadamente confundidos siempre) podrían los españoles calzarle la patada cuando quisieran. El judicial es intocable e impune. No es un poder democrático ni, por tanto, legítimo. No es justo que los españoles puedan ser juzgados por gente que no puede ser juzgada por los españoles.