¿Realmente el Derecho es lo que a cada juez le sale de las narices? A propósito del lawfare y la independencia judicial
Si se pretende cambiar la realidad, el idealismo y el realismo son igualmente importantes. El idealismo te marca el camino mostrándote el "deber ser" o utopía por la que merece la pena luchar, mientras que el realismo te muestra una visión aséptica del terreno de combate, imprescindible para trazar un plan de ataque. Cuando hablamos del papel de los jueces en los sistemas democráticos, el ideal es la existencia de un cuerpo de funcionarios formados e independientes de cualquier centro de poder que apliquen rigurosamente las normas jurídicas, pero resulta imprescindible conocer la realidad de los tribunales para saber hasta qué punto están hoy alejados de este ideal y cómo podemos acercarlos a él.
Tras 12 años ejerciendo la abogacía, puedo decir que hay jueces de todas las clases. Es cierto que son mayoritariamente conservadores, pero más allá de esa obviedad tenemos múltiples perfiles. Hay jueces descaradamente pelotas con la Administración y los centros de poder económicos porque su sueño es medrar, bien siendo promocionados por el CGPJ a la presidencia de un tribunal superior de justicia o incluso al Tribunal Supremo, bien buscando que una gran empresa les haga ganar mucho dinero por diversas vías, entre ellas la de meterles como socios en el gran despacho de abogados que lleva sus casos (dejarían la judicatura pero pasarían a ganar 20 veces más). Hay jueces que conciben su juzgado como su cortijo y dictan las sentencias en gran medida según la simpatía que le tengan al abogado que lleva el caso. Hay jueces que, simplemente por ser extremadamente radicales en su ideología, tratan muy mal en sus sentencias a inmigrantes o trabajadores. Y también hay jueces que aplican el Derecho de forma recta y sin dejarse influir por los anteriores condicionantes (tal vez ligeramente por su ideología, pero ante el panorama que he descrito eso es una bendición para el abogado).
¿Pero tienen tanto poder los jueces, de verdad el resultado de un pleito puede ser totalmente distinto dependiendo de quien lo enjuicie? Indudablemente. A la hora de fijar los hechos probados, cuando no hay una prueba concluyente el juez tiene una libertad inmensa para "creer más" a un testigo que a otro o interpretar documentos siempre que tengan un mínimo nivel de ambigüedad textual. Dada la dificultad de modificar hechos probados en vía de recurso, y dada también la tendencia de los tribunales de apelación a confirmar las sentencias de abajo, esos hechos irán a misa aunque cualquier observador imparcial se eche las manos a la cabeza pensando cómo un juez puede haber dado más credibilidad a un empleado de la empresa demandada que depende totalmente de ella para subsistir, que a tres testigos que no tienen vinculación alguna con ella y pueden declarar con plena libertad. Y los hechos probados son, en la mayoría de los casos, determinantes para el fallo (establecer si el trabajador abandonó o no su puesto de trabajo o insultó a su jefe, es clave para declarar o no su despido procedente).
En la interpretación del Derecho aplicable al caso, estamos igual. Las leyes se encuentran plagadas de conceptos jurídicos indeterminados, vagos y ambiguos, que dan al intérprete una libertad enorme para subsumir o no el caso enjuiciado en la norma. Faltas de respeto graves, trato degradante, buena fe, libertad de expresión, manifestaciones de odio, comportamiento diligente...son conceptos que, por ejemplo, permiten condenar a unos chicos por quemar una foto de Campechano en España...mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba amparándoles. Si nos vamos a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y su sistemática defensa de los bancos en perjuicio de los consumidores que contrataron hipotecas con ellos, y también la sistemática revocación de su criterio por parte de la Justicia europea, el espectáculo es igualmente dantesco. Por tanto, también en la aplicación del Derecho un juez puede dictar sentencias que repugnan a la lógica y, en no pocos casos, lograr que acaben siendo firmes.
Así que, efectivamente, entre otras muchas cosas (como beneficiar vergonzosamente a los bancos a costa del consumidor o condenar injustamente a quien se manifiesta contra Campechano) un juez puede imputar a un político esperando favores del PP que controla el CGPJ, o absolver a otro con idéntica finalidad. Esto puede pasar en un juzgado de instrucción o en un alto tribunal. Eso sí, no nos puede llevar al populismo bananero que defienden algunos y según el cual toda imputación de un político de izquierdas (o de derechas, véase al hediondo Jiménez Losantos despotricando cada vez que un pepero es imputado) es lawfare, pues eso acabaría derivando en una impunidad total para delinquir de esa gente. Hay que analizar cada caso con rigor y valorar los indicios de delito antes de afirmar que es o no lawfare. Y, sobre todo, hay que establecer sistemas para lograr que los jueces sean lo más independientes e idóneos para realizar la fundamental misión que tienen encomendada.
Dado que el principal condicionante del juez a la hora de torcer el Derecho es el ansia de prebendas, el primer paso es evitar que la clase política tenga influencia en su nombramiento y promoción a través del CGPJ. En su día escribía algunas ideas para lograrlo aquí dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7826487 Pero es igualmente imprescindible democratizar la judicatura, en el sentido de lograr que gente de todos los estratos sociales y no fundamentalmente hijos de jueces, notarios y gente rica en general, acaben copando la judicatura debido al enorme gasto que supone tirarte 7 años estudiando una oposición sin fuente alguna de ingresos. Porque, aunque en menor medida que el deseo de medrar, la ideología también influye en las sentencias, y si queremos ser justos hemos de lograr que la judicatura sea, a ese nivel, un reflejo más o menos fiel de la sociedad y no un coto donde la derecha es claramente mayoritaria.
En definitiva, no hay democracia sin un poder judicial que garantice la aplicación del Derecho frente a los intereses de los poderosos (que muchas veces son, aparte de bancos y grandes empresas, administraciones públicas controladas por derecha e izquierda). Pero tampoco la hay si los también muy poderosos aplicadores de la ley se rigen por criterios espurios.
