La sentencia dice que la Comunidad Autónoma de Madrid (no Ayuso) no tenía obligación de medicalizar las residencias. Interpretan que la ley no le obligaba a ello. Tampoco iba en su programa electoral. También dice que la competencia de la CAM era fijar criterios orientativos sobre la derivación hospitalaria, cosa que hizo, sin entrar a valorar si esos criterios eran éticos, morales, humanos o decentes.