Protesta indígena contra los desalojos forzosos y la violencia en Argentina (DE)

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La comunidad mapuche de Lof Pailako en Chubut (provincia argentina en la Patagonia) corre riesgo de desalojo luego de que lo ordenara el juez Guido Otranto. Otranto no es un extraño. También estuvo involucrado en el caso de Santiago Maldonado, quien desapareció mientras defendía a Lof Pu en 2017 y posteriormente fue encontrado muerto. Se culpa de ello a la gendarmería de la policía paramilitar y el caso nunca se resolvió suficientemente. En aquel momento, Otranto fue acusado de tomar partido y de cometer errores en la investigación.

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#1 Black_Bergman

La evacuación de Lof Pailako fue impulsada a su vez por el jefe de la administración del parque nacional, Cristian Larsen, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Representantes mapuches ven la razón de esto porque “se está discutiendo la idea de privatizar los parques nacionales, ya que allí hay recursos minerales que son útiles para la industria armamentista y para tecnologías de generación de energía renovable”.

La violencia en la Patagonia ha provocado una ola de solidaridad internacional. Organizaciones como la red internacional Argentina No Se Vende se manifestaron frente a las embajadas argentinas en Berlín, Barcelona, París, Lisboa y Londres.

Entre el 19 y el 30 de agosto, los activistas enviaron una carta a las embajadas argentinas en las respectivas ciudades, al presidente Javier Milei y a la Administración del Parque Nacional exigiendo el fin del desplazamiento y acoso a las comunidades indígenas.

La carta también denuncia la complicidad del Estado en el avance de la minería y la represión, señalando casos recientes como el asesinato de Juan Carlos Villa en Mallín Ahogado y otros actos de violencia contra los mapuche, como los casos de Lucinda Quintupuray, Elías Cayicol Garay y Rafael Nahuel. Estos incidentes se producen en el contexto de una creciente persecución legal de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos provinciales, el poder judicial y los terratenientes que presionan para el desplazamiento de los pueblos indígenas. Casos como los de Facundo Jones Huala y Matías Santana muestran que las políticas de los órganos estatales apuntan a criminalizar la protesta y la defensa territorial.

Agravada por la militarización de la Patagonia y la aprobación de leyes como la Ley de Fundamentos y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Bases Ley) y el Sistema de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi), que abren la puerta a la explotación y destrucción de los territorios y sus gentes la situación cambia diariamente.

El gobierno de Milei y los derechistas del Congreso y del Senado que colaboran con él están allanando el camino para que las corporaciones extranjeras puedan explotar aún más intensamente el territorio nacional a través de concesiones. Los gobiernos anteriores ya han promovido esta explotación de los recursos minerales nacionales, pero ahora se está impulsando e intensificando. En la Patagonia, actores globales como Lewis y Benetton se han estado enriqueciendo desde hace mucho tiempo.

Hasta la fecha,…

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