La evacuación de Lof Pailako fue impulsada a su vez por el jefe de la administración del parque nacional, Cristian Larsen, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Representantes mapuches ven la razón de esto porque “se está discutiendo la idea de privatizar los parques nacionales, ya que allí hay recursos minerales que son útiles para la industria armamentista y para tecnologías de generación de energía renovable”.
La violencia en la Patagonia ha provocado una ola de solidaridad internacional. Organizaciones como la red internacional Argentina No Se Vende se manifestaron frente a las embajadas argentinas en Berlín, Barcelona, París, Lisboa y Londres.
Entre el 19 y el 30 de agosto, los activistas enviaron una carta a las embajadas argentinas en las respectivas ciudades, al presidente Javier Milei y a la Administración del Parque Nacional exigiendo el fin del desplazamiento y acoso a las comunidades indígenas.
La carta también denuncia la complicidad del Estado en el avance de la minería y la represión, señalando casos recientes como el asesinato de Juan Carlos Villa en Mallín Ahogado y otros actos de violencia contra los mapuche, como los casos de Lucinda Quintupuray, Elías Cayicol Garay y Rafael Nahuel. Estos incidentes se producen en el contexto de una creciente persecución legal de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos provinciales, el poder judicial y los terratenientes que presionan para el desplazamiento de los pueblos indígenas. Casos como los de Facundo Jones Huala y Matías Santana muestran que las políticas de los órganos estatales apuntan a criminalizar la protesta y la defensa territorial.
Agravada por la militarización de la Patagonia y la aprobación de leyes como la Ley de Fundamentos y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Bases Ley) y el Sistema de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi), que abren la puerta a la explotación y destrucción de los territorios y sus gentes la situación cambia diariamente.
El gobierno de Milei y los derechistas del Congreso y del Senado que colaboran con él están allanando el camino para que las corporaciones extranjeras puedan explotar aún más intensamente el territorio nacional a través de concesiones. Los gobiernos anteriores ya han promovido esta explotación de los recursos minerales nacionales, pero ahora se está impulsando e intensificando. En la Patagonia, actores globales como Lewis y Benetton se han estado enriqueciendo desde hace mucho tiempo.
Hasta la fecha, la venta de tierras en Argentina ha llegado a tal punto que algunos actores dicen que la soberanía nacional ha sido comprometida. Según un informe del sindicato ATE (Concentración y propiedad extranjera de tierras en Argentina), 900.000 hectáreas pertenecen a la empresa "Tierras del Sud Argentina" Benetton. Más de 12,5 millones de hectáreas están en manos de empresas extranjeras, de las cuales casi dos millones se atribuyen a empresas radicadas en paraísos fiscales.
Para las comunidades indígenas cuyo territorio se distribuye, que se encuentran oprimidas, desplazadas y encarceladas, esto representa la continuación histórica de un proceso que comenzó con la conquista por parte de los gobernantes coloniales. Ante esta situación, los pueblos indígenas apelan a la solidaridad internacional, sabiendo que la presión internacional puede influir en el gobierno de Javier Milei. En la propia Argentina, este violento conflicto está encubierto por otros escándalos políticos y económicos y apenas pasa desapercibido. Las exigencias son claras: rechazo al Rigi y a las “Bases Ley”. La persecución a los mapuche debe terminar. Poner fin a los desalojos de comunidades indígenas de sus tierras. Solidaridad internacional con los mapuche y sus organizaciones.
A finales de agosto, la Asamblea de Solidaridad con Argentina - Berlín así lo pidió en una carta abierta al embajador argentino.
– el cese de la represión, la desmilitarización de la Patagonia, la liberación y libertad de todos los detenidos
Mapuche.
– el fin de todas las órdenes de desalojo y la garantía de la integridad física y mental de todos los adultos y niños que viven allí.
– Respeto y reparación a los pueblos indígenas.
– poner fin a la violencia sistemática a la que los Lofs y sus residentes están expuestos a diario
– la reanudación del diálogo por parte de la administración del Parque Nacional Los Alerces.
– la ratificación del “Convenio sobre Pueblos Indígenas” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT169), que fue ratificado en la Constitución Argentina en 1992.
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La violencia en la Patagonia ha provocado una ola de solidaridad internacional. Organizaciones como la red internacional Argentina No Se Vende se manifestaron frente a las embajadas argentinas en Berlín, Barcelona, París, Lisboa y Londres.
Entre el 19 y el 30 de agosto, los activistas enviaron una carta a las embajadas argentinas en las respectivas ciudades, al presidente Javier Milei y a la Administración del Parque Nacional exigiendo el fin del desplazamiento y acoso a las comunidades indígenas.
La carta también denuncia la complicidad del Estado en el avance de la minería y la represión, señalando casos recientes como el asesinato de Juan Carlos Villa en Mallín Ahogado y otros actos de violencia contra los mapuche, como los casos de Lucinda Quintupuray, Elías Cayicol Garay y Rafael Nahuel. Estos incidentes se producen en el contexto de una creciente persecución legal de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos provinciales, el poder judicial y los terratenientes que presionan para el desplazamiento de los pueblos indígenas. Casos como los de Facundo Jones Huala y Matías Santana muestran que las políticas de los órganos estatales apuntan a criminalizar la protesta y la defensa territorial.
Agravada por la militarización de la Patagonia y la aprobación de leyes como la Ley de Fundamentos y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Bases Ley) y el Sistema de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi), que abren la puerta a la explotación y destrucción de los territorios y sus gentes la situación cambia diariamente.
El gobierno de Milei y los derechistas del Congreso y del Senado que colaboran con él están allanando el camino para que las corporaciones extranjeras puedan explotar aún más intensamente el territorio nacional a través de concesiones. Los gobiernos anteriores ya han promovido esta explotación de los recursos minerales nacionales, pero ahora se está impulsando e intensificando. En la Patagonia, actores globales como Lewis y Benetton se han estado enriqueciendo desde hace mucho tiempo.
Hasta la fecha, la venta de tierras en Argentina ha llegado a tal punto que algunos actores dicen que la soberanía nacional ha sido comprometida. Según un informe del sindicato ATE (Concentración y propiedad extranjera de tierras en Argentina), 900.000 hectáreas pertenecen a la empresa "Tierras del Sud Argentina" Benetton. Más de 12,5 millones de hectáreas están en manos de empresas extranjeras, de las cuales casi dos millones se atribuyen a empresas radicadas en paraísos fiscales.
Para las comunidades indígenas cuyo territorio se distribuye, que se encuentran oprimidas, desplazadas y encarceladas, esto representa la continuación histórica de un proceso que comenzó con la conquista por parte de los gobernantes coloniales. Ante esta situación, los pueblos indígenas apelan a la solidaridad internacional, sabiendo que la presión internacional puede influir en el gobierno de Javier Milei. En la propia Argentina, este violento conflicto está encubierto por otros escándalos políticos y económicos y apenas pasa desapercibido. Las exigencias son claras: rechazo al Rigi y a las “Bases Ley”. La persecución a los mapuche debe terminar. Poner fin a los desalojos de comunidades indígenas de sus tierras. Solidaridad internacional con los mapuche y sus organizaciones.
A finales de agosto, la Asamblea de Solidaridad con Argentina - Berlín así lo pidió en una carta abierta al embajador argentino.
– el cese de la represión, la desmilitarización de la Patagonia, la liberación y libertad de todos los detenidos
Mapuche.
– el fin de todas las órdenes de desalojo y la garantía de la integridad física y mental de todos los adultos y niños que viven allí.
– Respeto y reparación a los pueblos indígenas.
– poner fin a la violencia sistemática a la que los Lofs y sus residentes están expuestos a diario
– la reanudación del diálogo por parte de la administración del Parque Nacional Los Alerces.
– la ratificación del “Convenio sobre Pueblos Indígenas” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT169), que fue ratificado en la Constitución Argentina en 1992.