Los andaluces acabarán pagando 1.300 millones por los ERE, el doble del dinero malversado
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La Junta de Andalucía gasta más de 10 millones de euros al año en abonar ayudas a prejubilados. El tribunal que juzgó la pieza política de la macrocausa penal de los ERE consideró fraudulento todo el sistema de transferencias de financiación con el que se distribuyeron casi 680 millones de euros entre 2000 y 2009. El decreto ley excluía a los intrusos (los prejubilados en ERE de las empresas subvencionadas sin haber trabajado nunca en ellas), a los beneficiarios de las rentas vitalicias y hereditarias, así como a los que percibían pensiones
