Las trabajadoras becadas del musical Malinche denuncian cómo se vieron coaccionadas por la policía para denunciar un inexistente acoso sexual por parte de Nacho Cano y una presunta explotación laboral que dicen que nunca hubo.
También figura en ese documento Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Sobre la jueza, que en la actualidad ejerce en la Audiencia Provincial de Las Palmas, aparecen 16 registros entre marzo de 2015 y noviembre de 2016. Las fechas no se ciñen a los meses en que ejerció como diputada, sino que se extienden al período anterior a su salto a la política y al inmediatamente posterior a su salida, cuando ostentaba, por tanto, la condición de magistrada en servicio activo.
El abogado de una de las víctimas confirma a Público que presentaron la denuncia este viernes. El juez tiene que decidir si acopla la causa a la que han abierto los agentes por un supuesto "atentado contra la autoridad" o si la investiga de manera independiente.
El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa
La Policía Nacional ya fue sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos por fotografiar el DNI de un manifestante en una concentración contra los centros de menores no acompañados. Una práctica habitual que le puede salir muy cara a la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía, ha apercibido a sus agentes por realizar fotografías del DNI de las personas a las que identifican con sus móviles personales y no con los dispositivos corporativos. Se trata de una forma de proceder que a...
Jesús Prieto y su hija Amaia pasaron tres meses en prisión por liderar una banda de traficantes de armas con su negocio de coleccionismo militar, suministrador de atrezzo para películas; cinco años después un juez descartó “punto por punto las acusaciones” de los investigadores, que habían sido condecorados
Tras los sucesos, la joven, a través de un abogado de oficio, porque no tiene medios para pagarse un abogado, presentó una querella por allanamiento de morada en los juzgados de Móstoles contra los agentes; y estos, por su lado, una denuncia contra ella por lesiones y resistencia a la autoridad, hechos que no se atisban en el vídeo.
Ocurrió en Texas y atentos al momento, estas dos mujeres han disparado más balas en un rato que todos los policías de España en un año. Por cierto, la dueña de la casa sobrevivió, aunque se llevó de regalo cinco impactos en las piernas y el torso. Y las agentes han sido puestas en han sido puestos en licencia administrativa, vamos, que las habrán enviado a oficinas hasta que se investigue el caso.
Las imágenes grabadas por la cámara de una farmacia cercana a los hechos han esclarecido que los dos funcionarios mintieron en sede judicial. Ahora, un auto del juzgado de instrucción número dos de Córdoba dictamina la absolución del ciudadano y la deducción de testimonio para dos agentes locales por haber cometido, posiblemente, los delitos de denuncia falsa y detención ilegal. El Ayuntamiento cordobés no ha tomado ninguna medida al respecto, a pesar de que al principio afirmara que el par de funcionarios estaba suspendido de empleo y sueldo
Imágenes de la cámara corporal de un policía muestran a un agente disparando a través del parabrisas del automóvil de una mujer embarazada después de que fue acusada de robar en una tienda de comestibles en un suburbio de Columbus, Ohio, la semana pasada.
Apolonia Flores Rotela figura entre los detenidos más jóvenes en la historia de Paraguay. Estuvo recluida en la cárcel del Buen Pastor un año y aún mantiene antecedentes por asalto a mano armada en los registros policiales.
La sentencia recoge "un ataque de ira que en un funcionario público no puede ni debe permitirse” y prevé una indemnización de 12.400 euros para la víctima, aunque los seis meses de pena de prisión podrán suspenderse con gran probabilidad.
El Departamento de Seguridad explica en el Parlamento que fue "fruto de la confusión del momento" y que el porrazo fue "ligero" y reconoce también que Asuntos Internos investiga la denuncia de una mujer tras el lanzamiento de proyectiles de foam
Déjenme decirles lo que veo y escucho en el video del asesinato de Sonya Massey: una mujer nerviosa, con la cabeza inclinada hacia su teléfono, como si esperara que alguien, tal vez un miembro de la familia, haya respondido a sus mensajes. Una voz temblorosa que quiere escuchar palabras de consuelo. Cuando uno de los agentes, el ayudante Sean Grayson, vuelve a hablar, suena sospechoso: “¿Por qué tardaste tanto en abrir la puerta?” Él no supone que ella deba tener miedo, razón por la cual llamó al 911 en primer lugar. En cambio, suena como si...
