Portugal revoluciona su política de la vivienda: prohibirá nuevos pisos turísticos y elimina los ‘visados de oro’

La iniciativa más polémica del plan gubernamental es el alquiler forzoso de las viviendas desocupadas. El Estado podrá alquilarlas para subarrendarlas durante cinco años y actuar como un mediador inmobiliario, que cobra al inquilino y paga al propietario. Estos alquileres nunca podrán superar el 35% de los ingresos del núcleo familiar. El Estado asumirá las rentas impagadas, de forma que los propietarios siempre las perciben, y gestionará con el inquilino una solución para la deuda, que en el peor de los casos puede incluir el desahucio.