Ni el Tribunal de Cuentas es un tribunal, ni ha servido para que no haya corrupción en el resto de las instituciones, ni ha servido para que no haya corrupción siquiera en el propio Tribunal de Cuentas.
"Las cuentas de las organizaciones políticas por tanto no se someten, como las de los demás, a la Agencia Tributaria, sino a un organismo cuyos miembros los nombran los propios partidos, en este caso los dos grandes partidos: PP y PSOE.
La última elección de los doce consejeros que conforman el Tribunal de Cuentas se hizo en 2012 (y se mantendrá hasta 2021). Ese año fueron elegidos Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano, los dos consejeros que han absuelto a Botella y a parte de su Gobierno de pagar una multa de 25,7 millones de euros, revocando así la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia. Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también fue nombrado ese año miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Por parte del PSOE, un exsenador del PSC Lluís Amet es consejero. Y hay otros cuatro nombramiento que hicieron los socialistas en consenso con IU. El voto en contra de la absolución de Botella ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE.
La presidencia del órgano desde 2018 es María José de la Fuente, nombrada también por el PP. Su predecesor en el cargo, Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda, que fue diputado por UDC, ha estado en la institución fiscalizadora más de 30 años, desde 1984. No es el único miembro que ha permanecido durante décadas en ese sillón. Ubaldo Nieto, también expresidente de la entidad y cuyo nombre estuvo salpicado de polémica debido a que aparecía como donante del PP en las notas contables de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años.
(...)
Los nombramientos a dedo van más allá de la que hacen los partidos con los consejeros. El organismo vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos, como publicó El País. Unos 700 trabajadores conforman la plantilla del Tribunal de Cuentas, y un centenar de ellos tienen lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros.
Uno de los casos de nepotismo más escandalosos lo protagonizaron los que fueran presidente del Tribunal de Cuentas hasta 2018 y presidente de la sección de Fiscalización. En la plantilla del organismo está la concuñada de Ramón Álvarez de Miranda, Cristina Querarto Iborra, y un sobrino, José Manuel García Soriano. El que fuera su segundo en el tribunal, Javier Medina Guijarro (PP), tenía a un hermano, Enrique Medina); a una hermana, María Consuelo Medina Guijarro, y a su esposa, María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus).
En 2016, el Tribunal Supremo anuló el intento de nombrar a dedo al hermano de Medina, Enrique Medina, como subdirector Técnico y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas."
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"Las cuentas de las organizaciones políticas por tanto no se someten, como las de los demás, a la Agencia Tributaria, sino a un organismo cuyos miembros los nombran los propios partidos, en este caso los dos grandes partidos: PP y PSOE.
La última elección de los doce consejeros que conforman el Tribunal de Cuentas se hizo en 2012 (y se mantendrá hasta 2021). Ese año fueron elegidos Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano, los dos consejeros que han absuelto a Botella y a parte de su Gobierno de pagar una multa de 25,7 millones de euros, revocando así la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia. Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también fue nombrado ese año miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Por parte del PSOE, un exsenador del PSC Lluís Amet es consejero. Y hay otros cuatro nombramiento que hicieron los socialistas en consenso con IU. El voto en contra de la absolución de Botella ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE.
La presidencia del órgano desde 2018 es María José de la Fuente, nombrada también por el PP. Su predecesor en el cargo, Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda, que fue diputado por UDC, ha estado en la institución fiscalizadora más de 30 años, desde 1984. No es el único miembro que ha permanecido durante décadas en ese sillón. Ubaldo Nieto, también expresidente de la entidad y cuyo nombre estuvo salpicado de polémica debido a que aparecía como donante del PP en las notas contables de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años.
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Los nombramientos a dedo van más allá de la que hacen los partidos con los consejeros. El organismo vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos, como publicó El País. Unos 700 trabajadores conforman la plantilla del Tribunal de Cuentas, y un centenar de ellos tienen lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros.
Uno de los casos de nepotismo más escandalosos lo protagonizaron los que fueran presidente del Tribunal de Cuentas hasta 2018 y presidente de la sección de Fiscalización. En la plantilla del organismo está la concuñada de Ramón Álvarez de Miranda, Cristina Querarto Iborra, y un sobrino, José Manuel García Soriano. El que fuera su segundo en el tribunal, Javier Medina Guijarro (PP), tenía a un hermano, Enrique Medina); a una hermana, María Consuelo Medina Guijarro, y a su esposa, María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus).
En 2016, el Tribunal Supremo anuló el intento de nombrar a dedo al hermano de Medina, Enrique Medina, como subdirector Técnico y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas."
www.eldiario.es/madrid/sentencia-tribunal-cuentas-ana-botella_1_143478