#1La vigilia de Rajab en Nueva York no fue la primera vez que Betar interrumpió una manifestación pro palestina. Durante una protesta estudiantil por Palestina en octubre en la Universidad de California en Los Ángeles, Betar amenazó con “organizar grupos de judíos” para “eliminar a estos matones ahora” si la policía no realizaba arrestos. En noviembre, miembros de Betar amenazaron con entregar buscapersonas a los manifestantes estudiantiles en la Universidad de Pittsburgh, en referencia a un ataque en Líbano en septiembre en el que el ejército israelí detonó miles de buscapersonas y walkie-talkies portátiles utilizados por miembros de Hezbollah, matando a 42 personas, incluidos 12 civiles, e hiriendo a más de 4.000 más. La amenaza apenas velada hizo que el grupo fuera prohibido en las plataformas Meta de Facebook e Instagram, pero recibió elogios del senador John Fetterman (demócrata por Pensilvania), quien dijo “me encanta” cuando se le informó sobre la “broma”.
Betar ha ofrecido recompensas para que le entreguen buscapersonas a la gente, y ha puesto en la mira a destacados escritores y activistas, como Peter Beinart, editor de Jewish Currents, y Nerdeen Kiswani, una activista palestino-estadounidense que dirige Within Our Lifetime. Antes de la vigilia de Rajab, que el grupo de Kiswani había ayudado a organizar, Betar ofreció una “recompensa a cualquiera que le dé a @NerdeenKiswani un buscapersonas hoy”.
Al día siguiente, Betar redobló la apuesta y mencionó a Kiswani en un tuit, escribiendo: “Has aterrorizado a Estados Unidos y Nueva York durante demasiado tiempo. Ya hemos tenido suficiente y no nos detendremos. Odias a Estados Unidos, odias a los judíos y nosotros estamos aquí y no nos quedaremos callados. 1800 dólares a cualquiera que le entregue un buscapersonas a ese yihadista”.
Kiswani dijo que en el pasado ha sido blanco de grupos sionistas de extrema derecha que han llevado a cabo campañas de doxing y acoso cibernético en un intento de lograr que la despidieran de sus trabajos y la expulsaran mientras estudiaba en la Facultad de Derecho de la City University de Nueva York. Si bien recibió el apoyo de sus compañeros de universidad y, finalmente, de la administración de su escuela, dijo que los grupos en línea pudieron impulsar su perfil y recaudar fondos al atacarla a ella y a otros activistas visiblemente palestinos.
“Parece que lo que Betar está haciendo ahora es algo similar a ese manual”, dijo Kiswani. Grupos como Betar, dijo, han usado durante mucho tiempo esas amenazas para intimidar a los manifestantes y evitar que se presenten a las acciones.
“Siempre trato de redirigir esa notoriedad y atención que están tratando de atraer hacia mí llevándola de vuelta a Palestina”, dijo.
Betar no es el único grupo que señala a los activistas. Shirion Collective lidera un sistema similar de recompensas por doxing con ofertas de $250 a $15,000 a cualquiera que pueda identificar a ciertos estudiantes, médicos o políticos que protestan en apoyo de Palestina. Shirion ha publicado videos llamando a Kiswani “terrorista doméstico” y ha estado colaborando con Betar para agregar nombres de activistas a su aparente lista de deportación. Shirion, financiado por un empresario tecnológico con sede en Florida, ganó su seguimiento compartiendo teorías conspirativas y desinformación a lo largo de la guerra de Israel en Gaza.
En una publicación que luego fue eliminada en X y que se compartió el viernes por la noche, Shirion afirmó que a una estudiante de posgrado de la UCLA de China le revocaron la visa debido a su defensa de Palestina, y atribuyó la expulsión del país a la lista de deportación de Betar y a la orden ejecutiva de Trump. El tuit incluía un videoclip de una transmisión de noticias de mayo de 2024 que mostraba a un estudiante siendo arrestado por oficiales de la Patrulla de Carreteras de California.
Un organizador dentro de la UCLA que ha estado monitoreando los procesos disciplinarios de los estudiantes vinculados a las protestas en el campus cuestionó la afirmación del grupo y dijo que no sabían de ningún estudiante de la UCLA cuya visa haya sido revocada. La persona que aparece en el video ya no es estudiante de la escuela, dijo el organizador.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la agencia "no tiene nada que respalde estas afirmaciones como verdaderas".
Aun así, la publicación y las publicaciones imitadoras se compartieron ampliamente en línea en múltiples plataformas de redes sociales.
Un portavoz de Shirion dijo en un comunicado que al grupo le preocupa que “se estén violando las leyes”, citando varias políticas de inmigración señaladas en las órdenes ejecutivas de Trump, así como una ley que prohíbe el apoyo material a un grupo en la lista de terroristas extranjeros de Estados Unidos. El grupo dijo que revelar la identidad de “extranjeros que expresan abiertamente intenciones de matar personas no solo es legal, es el mínimo de lo que cualquier estadounidense real debería hacer”. El grupo no respondió a las preguntas sobre el estudiante de la UCLA.
Rubin, de Jewish Voice for Peace, señaló una contradicción en el enfoque de la administración Trump para combatir el antisemitismo. Mientras que la administración está emitiendo órdenes ejecutivas y potenciando campañas de extrema derecha contra los enemigos percibidos de Israel, ha dado la bienvenida a Elon Musk. Desde que Trump asumió el cargo, hizo dos veces un saludo de estilo nazi, aplaudió al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania y dijo que Alemania debería “superar” la “culpa pasada” en torno al Holocausto.
“Lo mejor que podemos hacer para garantizar la seguridad de los judíos es permanecer unidos en solidaridad, tomados de la mano y hacer retroceder esta marea fascista en ascenso”, dijo Rubin. “El antisemitismo es real, lo sabemos y lo vemos todos los días”.
“Lo peor que la gente puede hacer para combatir el antisemitismo es fingir que el activismo de derechos humanos y las personas que intentan detener un genocidio son antisemitas”, dijo, “pero las personas que hacen el saludo nazi desde los podios más altos del país frente al sello del presidente de los Estados Unidos no lo son”.
Al igual que muchas de las órdenes ejecutivas de Trump, no está claro si se sostendrán en los tribunales. Carrie DeCell, abogada principal del Knight First Amendment Institute, dijo que si las autoridades federales deportan a personas en función de su discurso político, los tribunales probablemente lo considerarán inconstitucional.
“La Primera Enmienda protege a los estudiantes que están aquí con visas de estudiante; protege su discurso político”, dijo DeCell. “Su participación en las protestas, por sí sola, no puede ser una base válida para su deportación de acuerdo con la Primera Enmienda”.
Durante el primer mandato de Trump, DeCell y el Instituto Knight desafiaron el programa de “investigación extrema” de Trump, que buscaba excluir o deportar a los no ciudadanos en función de su discurso, creencias y asociaciones. El grupo demandó al gobierno para obtener memorandos del ICE en los que los abogados de la agencia afirmaran que las personas no podían ser deportadas basándose únicamente en sus creencias debido a la ley de libertad de expresión.
“Los memorandos abordan directamente lo que la administración Trump está tratando de hacer ahora”, dijo DeCell. “Los propios abogados del ICE reconocieron que el mero apoyo filosófico a la actividad terrorista o a grupos terroristas no necesariamente sometería a alguien a la deportación”.
Aun así, reconoció que la última orden de Trump está llena de varias herramientas que no utilizó en su primer mandato. Esta vez, está ordenando al Departamento de Justicia que se apoye en una ley originalmente destinada a defender los derechos civiles de los afroamericanos que fueron esclavizados contra los ataques de la supremacía blanca del Ku Klux Klan después de la Guerra Civil. La ley de Conspiración contra los Derechos se ha utilizado desde entonces para combatir los crímenes de odio y la brutalidad policial, y en 2023 estuvo entre los cuatro cargos utilizados para procesar a Trump en relación con los intentos de anular las elecciones de 2020. La condena en virtud de la ley podría conllevar fuertes multas y hasta 10 años de prisión.
La orden en sí también está escrita de manera vaga, lo que puede dificultar su impugnación en los tribunales, dijo DeCell. Este lenguaje amplio es también lo que la hace tan peligrosa, dejando a los funcionarios y agencias gubernamentales la decisión de cómo tomar medidas enérgicas específicamente.
Durante la semana pasada, DeCell dijo que ha escuchado a estudiantes universitarios que están en el país con visas y están preocupados por si deben seguir participando en las protestas por los derechos humanos palestinos, o si deben eliminar publicaciones anteriores en las redes sociales o escritos en línea.
Los líderes del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, Jewish Voice for Peace y Palestine Legal también dijeron que los titulares de visas en las universidades están preocupados por si su participación en las protestas los meterá en problemas.
Dima Khalidi, directora y fundadora de Palestine Legal, duda que este efecto paralizante ahogue las protestas por completo. “La gente no se dejará intimidar para que guarde silencio en el nivel masivo que uno podría esperar”.
Pero con el gobierno federal y los activistas de extrema derecha apuntando a los estudiantes, las universidades deben desempeñar un papel más importante, dijo, en la protección de la libertad de expresión, en lugar de criminalizarla.
“Lo que va a ser crítico es cómo responden las universidades y si capitulan y continúan con el tipo de camino que han estado tomando de tomar medidas enérgicas contra los estudiantes y cooperar con las agencias gubernamentales”, dijo Khalidi, quien ha pasado los últimos años defendiendo a los estudiantes contra las medidas represivas antipalestinas en las
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Betar ha ofrecido recompensas para que le entreguen buscapersonas a la gente, y ha puesto en la mira a destacados escritores y activistas, como Peter Beinart, editor de Jewish Currents, y Nerdeen Kiswani, una activista palestino-estadounidense que dirige Within Our Lifetime. Antes de la vigilia de Rajab, que el grupo de Kiswani había ayudado a organizar, Betar ofreció una “recompensa a cualquiera que le dé a @NerdeenKiswani un buscapersonas hoy”.
Al día siguiente, Betar redobló la apuesta y mencionó a Kiswani en un tuit, escribiendo: “Has aterrorizado a Estados Unidos y Nueva York durante demasiado tiempo. Ya hemos tenido suficiente y no nos detendremos. Odias a Estados Unidos, odias a los judíos y nosotros estamos aquí y no nos quedaremos callados. 1800 dólares a cualquiera que le entregue un buscapersonas a ese yihadista”.
Kiswani dijo que en el pasado ha sido blanco de grupos sionistas de extrema derecha que han llevado a cabo campañas de doxing y acoso cibernético en un intento de lograr que la despidieran de sus trabajos y la expulsaran mientras estudiaba en la Facultad de Derecho de la City University de Nueva York. Si bien recibió el apoyo de sus compañeros de universidad y, finalmente, de la administración de su escuela, dijo que los grupos en línea pudieron impulsar su perfil y recaudar fondos al atacarla a ella y a otros activistas visiblemente palestinos.
“Parece que lo que Betar está haciendo ahora es algo similar a ese manual”, dijo Kiswani. Grupos como Betar, dijo, han usado durante mucho tiempo esas amenazas para intimidar a los manifestantes y evitar que se presenten a las acciones.
“Siempre trato de redirigir esa notoriedad y atención que están tratando de atraer hacia mí llevándola de vuelta a Palestina”, dijo.
Betar no es el único grupo que señala a los activistas. Shirion Collective lidera un sistema similar de recompensas por doxing con ofertas de $250 a $15,000 a cualquiera que pueda identificar a ciertos estudiantes, médicos o políticos que protestan en apoyo de Palestina. Shirion ha publicado videos llamando a Kiswani “terrorista doméstico” y ha estado colaborando con Betar para agregar nombres de activistas a su aparente lista de deportación. Shirion, financiado por un empresario tecnológico con sede en Florida, ganó su seguimiento compartiendo teorías conspirativas y desinformación a lo largo de la guerra de Israel en Gaza.
En una publicación que luego fue eliminada en X y que se compartió el viernes por la noche, Shirion afirmó que a una estudiante de posgrado de la UCLA de China le revocaron la visa debido a su defensa de Palestina, y atribuyó la expulsión del país a la lista de deportación de Betar y a la orden ejecutiva de Trump. El tuit incluía un videoclip de una transmisión de noticias de mayo de 2024 que mostraba a un estudiante siendo arrestado por oficiales de la Patrulla de Carreteras de California.
Un organizador dentro de la UCLA que ha estado monitoreando los procesos disciplinarios de los estudiantes vinculados a las protestas en el campus cuestionó la afirmación del grupo y dijo que no sabían de ningún estudiante de la UCLA cuya visa haya sido revocada. La persona que aparece en el video ya no es estudiante de la escuela, dijo el organizador.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la agencia "no tiene nada que respalde estas afirmaciones como verdaderas".
Aun así, la publicación y las publicaciones imitadoras se compartieron ampliamente en línea en múltiples plataformas de redes sociales.
Un portavoz de Shirion dijo en un comunicado que al grupo le preocupa que “se estén violando las leyes”, citando varias políticas de inmigración señaladas en las órdenes ejecutivas de Trump, así como una ley que prohíbe el apoyo material a un grupo en la lista de terroristas extranjeros de Estados Unidos. El grupo dijo que revelar la identidad de “extranjeros que expresan abiertamente intenciones de matar personas no solo es legal, es el mínimo de lo que cualquier estadounidense real debería hacer”. El grupo no respondió a las preguntas sobre el estudiante de la UCLA.
Rubin, de Jewish Voice for Peace, señaló una contradicción en el enfoque de la administración Trump para combatir el antisemitismo. Mientras que la administración está emitiendo órdenes ejecutivas y potenciando campañas de extrema derecha contra los enemigos percibidos de Israel, ha dado la bienvenida a Elon Musk. Desde que Trump asumió el cargo, hizo dos veces un saludo de estilo nazi, aplaudió al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania y dijo que Alemania debería “superar” la “culpa pasada” en torno al Holocausto.
“Lo mejor que podemos hacer para garantizar la seguridad de los judíos es permanecer unidos en solidaridad, tomados de la mano y hacer retroceder esta marea fascista en ascenso”, dijo Rubin. “El antisemitismo es real, lo sabemos y lo vemos todos los días”.
“Lo peor que la gente puede hacer para combatir el antisemitismo es fingir que el activismo de derechos humanos y las personas que intentan detener un genocidio son antisemitas”, dijo, “pero las personas que hacen el saludo nazi desde los podios más altos del país frente al sello del presidente de los Estados Unidos no lo son”.
Al igual que muchas de las órdenes ejecutivas de Trump, no está claro si se sostendrán en los tribunales. Carrie DeCell, abogada principal del Knight First Amendment Institute, dijo que si las autoridades federales deportan a personas en función de su discurso político, los tribunales probablemente lo considerarán inconstitucional.
“La Primera Enmienda protege a los estudiantes que están aquí con visas de estudiante; protege su discurso político”, dijo DeCell. “Su participación en las protestas, por sí sola, no puede ser una base válida para su deportación de acuerdo con la Primera Enmienda”.
Durante el primer mandato de Trump, DeCell y el Instituto Knight desafiaron el programa de “investigación extrema” de Trump, que buscaba excluir o deportar a los no ciudadanos en función de su discurso, creencias y asociaciones. El grupo demandó al gobierno para obtener memorandos del ICE en los que los abogados de la agencia afirmaran que las personas no podían ser deportadas basándose únicamente en sus creencias debido a la ley de libertad de expresión.
“Los memorandos abordan directamente lo que la administración Trump está tratando de hacer ahora”, dijo DeCell. “Los propios abogados del ICE reconocieron que el mero apoyo filosófico a la actividad terrorista o a grupos terroristas no necesariamente sometería a alguien a la deportación”.
Aun así, reconoció que la última orden de Trump está llena de varias herramientas que no utilizó en su primer mandato. Esta vez, está ordenando al Departamento de Justicia que se apoye en una ley originalmente destinada a defender los derechos civiles de los afroamericanos que fueron esclavizados contra los ataques de la supremacía blanca del Ku Klux Klan después de la Guerra Civil. La ley de Conspiración contra los Derechos se ha utilizado desde entonces para combatir los crímenes de odio y la brutalidad policial, y en 2023 estuvo entre los cuatro cargos utilizados para procesar a Trump en relación con los intentos de anular las elecciones de 2020. La condena en virtud de la ley podría conllevar fuertes multas y hasta 10 años de prisión.
La orden en sí también está escrita de manera vaga, lo que puede dificultar su impugnación en los tribunales, dijo DeCell. Este lenguaje amplio es también lo que la hace tan peligrosa, dejando a los funcionarios y agencias gubernamentales la decisión de cómo tomar medidas enérgicas específicamente.
Durante la semana pasada, DeCell dijo que ha escuchado a estudiantes universitarios que están en el país con visas y están preocupados por si deben seguir participando en las protestas por los derechos humanos palestinos, o si deben eliminar publicaciones anteriores en las redes sociales o escritos en línea.
Los líderes del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, Jewish Voice for Peace y Palestine Legal también dijeron que los titulares de visas en las universidades están preocupados por si su participación en las protestas los meterá en problemas.
Dima Khalidi, directora y fundadora de Palestine Legal, duda que este efecto paralizante ahogue las protestas por completo. “La gente no se dejará intimidar para que guarde silencio en el nivel masivo que uno podría esperar”.
Pero con el gobierno federal y los activistas de extrema derecha apuntando a los estudiantes, las universidades deben desempeñar un papel más importante, dijo, en la protección de la libertad de expresión, en lugar de criminalizarla.
“Lo que va a ser crítico es cómo responden las universidades y si capitulan y continúan con el tipo de camino que han estado tomando de tomar medidas enérgicas contra los estudiantes y cooperar con las agencias gubernamentales”, dijo Khalidi, quien ha pasado los últimos años defendiendo a los estudiantes contra las medidas represivas antipalestinas en las