"Así, tras la decisión de continuar con la celebración del juicio, el primer testigo en declarar ha sido el exinterventor Fernando Urruticoechea, quien ha aseverado que cuando llegó al puesto --fue el primer funcionario público en ocuparlo, hasta entonces lo había estado haciendo “a dedo” la hija del secretario, “absolutamente incompetente”, ha dicho--, se encontró una situación “tremenda y caótica”--.
Una situación en la que, ha destacado, había “decenas y decenas de bolsas de basura negras... llenas de escrituras”, así como la “falta de calidad” y el “déficit” del listado de las nóminas, contra las que llegó a presentar hasta 61 documentos con “muchísimos reparos y muchísimas notas de intervención”.
“Esa desorganización estaba perfectamente organizada”, ha asegurado el entonces interventor, que ha señalado que en 2003 “pensaba que el nuevo Gobierno iba a ir por la legalidad” y, sin embargo, en septiembre comenzaron las “contrataciones ilegales” y en octubre la “difamación y el acoso” hacia su persona ante sus “reparos”, que llegó a denunciar y le causó problemas de salud.
Según ha indicado el exinterventor, se utilizaba una técnica habitual de “los ayuntamientos corruptos”: el “contrainforme”; y, además, existía una “sensación de impunidad”. También ha censurado que iban temas de debate al Pleno “sin fiscalización” y se producían complementos de productividad “que no pueden ser continuos” en el tiempo, así como de jubilación o regalos en la cesta de Navidad, con el objetivo de que todos los funcionarios “callasen y participaran en el silencio cómplice y mafioso en el Ayuntamiento de Castro Urdiales”."
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Una situación en la que, ha destacado, había “decenas y decenas de bolsas de basura negras... llenas de escrituras”, así como la “falta de calidad” y el “déficit” del listado de las nóminas, contra las que llegó a presentar hasta 61 documentos con “muchísimos reparos y muchísimas notas de intervención”.
“Esa desorganización estaba perfectamente organizada”, ha asegurado el entonces interventor, que ha señalado que en 2003 “pensaba que el nuevo Gobierno iba a ir por la legalidad” y, sin embargo, en septiembre comenzaron las “contrataciones ilegales” y en octubre la “difamación y el acoso” hacia su persona ante sus “reparos”, que llegó a denunciar y le causó problemas de salud.
Según ha indicado el exinterventor, se utilizaba una técnica habitual de “los ayuntamientos corruptos”: el “contrainforme”; y, además, existía una “sensación de impunidad”. También ha censurado que iban temas de debate al Pleno “sin fiscalización” y se producían complementos de productividad “que no pueden ser continuos” en el tiempo, así como de jubilación o regalos en la cesta de Navidad, con el objetivo de que todos los funcionarios “callasen y participaran en el silencio cómplice y mafioso en el Ayuntamiento de Castro Urdiales”."