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Para detectar los edificios potenciales se ha creado un inventario online de las viviendas desocupadas que cruza datos como el catastro o el consumo de agua o energía y los complementa con encuestas ‘in situ’ para verificar la información y descartar aquellos que no cumplan los requisitos.

Acto seguido, los inmuebles desocupados injustificadamente se denuncian a las autoridades locales y estas se ponen en contacto con los propietarios para buscar soluciones, pero si existe una clara negativa a cooperar, las autoridades pueden activar su derecho de gestión pública.
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