El caso de Zohra es un claro ejemplo del acoso inmobiliario o mobbing que muchas personas sufren antes de ser desahuciadas. Todo el edificio es propiedad del mismo dueño, quien reside en Tenerife y posee otras viviendas adicionales, además de contar con los recursos necesarios para solucionar los problemas estructurales del inmueble. Sin embargo, el casero decidió no intervenir.

La política de vivienda consiste en que el casero se comporte como si fuera una ONG, arreglando el inmueble para alojar a familias que no van a pagar el precio de mercado (o que simplemente no van a pagar).

Las que sí son ONG, pese a ser sumideros de dinero público, no se dedican a comprar inmuebles para hacer ellas lo que le exigen a otros.

La administración (local, autonómica y central) tampoco.

Eso sí, mucho samur social y mucho sindicate de inquilines. Mucha hipocresía.