"el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno constataba la existencia de una serie de comunicaciones entre el principal implicado en la trama y Bárbara Díaz, perteneciente a la empresa Gestión de Soluciones, de las que se interfiere que la resolución dictada sobre la reclamación establece por una parte que «si la Administración balear en el plazo de tres meses ―fecha límite el 18 de enero del 2024― no se ha pronunciado expresamente, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo, y por ende, la reclamación de casi tres millones de euros»"