Ramiro Grau es un ciudadano que en abril de 2020, en el peor momento de la pandemia, acudió al Tribunal Supremo para denunciar un contrato millonario adjudicado a dedo por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos a una empresa de Zaragoza para comprar material sanitario. Grau apreciaba indicios de cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos. Su acción no se quedó ahí, sino que también remitió escritos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de la situación, según relata en conversación con El Confidencial: "Eran copias de los documentos sobre el asunto. He debido de mandar alrededor de media docena, fundamentalmente para que la Presidencia del Gobierno se enterara del asunto".
Esa empresa que Ramiro Grau señalaba en su denuncia de 2020 era Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Es la firma que esta semana, casi cuatro años después, ha sido noticia por ser la beneficiaria de una trama de adjudicaciones millonarias integrada, entre otros, por el hombre de confianza del ministro José Luis Ábalos. Se les acusa de un presunto delito de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El líder del Ejecutivo, desde Marruecos, se desmarcó el miércoles de la operación policial adelantada por este periódico, que se saldó con 20 detenidos y que salpica a varias administraciones socialistas, incluyendo los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Sánchez afirmó no tener conocimiento de esta red. "Desde el principio, desde el año 2018, este Gobierno siempre ha colaborado con la Justicia, por lo tanto, máxima transparencia (...) Si yo sabía o no dejaba de saber, no dejan de ser maledicencias", dijo Sánchez ante los medios de comunicación.
Ramiro Grau asegura que las primeras cartas que mandó a la Moncloa se remontan al año 2020: "Mandé cartas directamente al Palacio de la Moncloa, al presidente del Gobierno, para informar de la situación. Nunca recibí acuse de recibo". En julio de 2021, Sánchez cesó de su cargo al ministro Ábalos sin que a día de hoy se conozcan las razones de la salida del Gobierno de quien fuera uno de los más leales colaboradores del presidente desde los tiempos de la oposición y la convulsa disputa por el liderazgo del PSOE.
"Ya me cansé de enviarles nada"
"Ya me cansé de enviarles nada, pues vi que no tenían ningún interés en investigarlo", añade este ciudadano, abogado de profesión, quien sitúa los últimos envíos en 2023. Este periódico ha tratado de recabar la versión de la Moncloa por varias vías, pero no ha recibido respuesta sobre si existe algún tipo de registro para consultar la correspondencia que recibe Presidencia. Tampoco si llegaron a estudiar las alertas de este ciudadano, que ya puso el foco en la trama cuando España llevaba apenas unas semanas confinada.
Grau también abordó en un artículo publicado en abril de 2020 los vínculos entre el ministerio de Ábalos y un empresario aragonés llamado José Ángel Escorial Senante, apoderado de esa empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, con sede en Zaragoza. Es la firma que se benefició con más de 50 millones de euros gracias a contratos suscritos con administraciones socialistas. Eso a pesar de no tener ninguna experiencia previa en el sector.
Ramiro Grau cuenta que obtuvo más reciprocidad por parte de la Fiscalía, a la que también remitió un escrito en marzo de 2022. El ministerio público sí le contestó por medio de un oficio fechado el 22 de marzo del año 2023. A diferencia del caso omiso del Gobierno, Anticorrupción sí tuvo en cuenta los escritos que le mandó Ramiro Grau. Así consta en la querella criminal firmada el 28 de junio por el fiscal del caso, Luis Pastor, mediante la cual judicializó sus pesquisas en la Audiencia Nacional.
Antes de eso, en octubre de 2020, Grau ya había presentado su denuncia contra el ministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. Tenía que ver con la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL de un contrato para la venta de 15 millones de mascarillas. Según el auto del Supremo al que ha tenido acceso este periódico, el fundamento de la denuncia era poner de relieve la existencia de "un sistema para adquirir las mascarillas a través de una empresa que no se dedica al abastecimiento de material sanitario, realizándose la adjudicación a dedo".
El Supremo se declaró competente para estudiar lo que tenía que ver con Ábalos por su condición de aforado, pero los jueces no hallaron en es ese momento indicios de delito por su parte. En la misma línea se manifestó la Fiscalía del Alto Tribunal. Consideró que los hechos contenidos en la denuncia sobre Ábalos carecían de "relevancia penal".
Los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, en un auto de marzo de 2021, apelaron a "la situación excepcional" que se vivió en la pandemia, cuando se aplicó una normativa propia del estado de alarma para adquisición de material sanitario de forma urgente. En ese momento, estaba permitido otorgar contratos por gran valor económico sin someterlos a concurso público. Fue una medida provocada por la escasez de abastecimiento de material sanitario y la necesidad de importarlo en el menor tiempo posible.
Sin embargo, pese al archivo en lo referente a Ábalos, el Supremo abrió la puerta a investigar penalmente al resto de implicados ante los tribunales ordinarios, lo que ha terminado sucediendo varios años después: "Lo anteriormente señalado no es obstáculo para que la imputación delictiva a la que se refiere la denuncia, por las adquisiciones fallidas o fradulentas realizadas en el tiempo del estado de alarma, puedan ser objeto de investigación ante órganos de la jurisdicción penal (...) El fuero de uno de los partícipes no altera la asignación de juez competente para los restantes eventuales partícipes".
Cuando Grau inició su cruzada, no sabía del papel que jugó en ese entramado Koldo García. El ministro tenía en él una especie de asistente personal. Fue la persona que en enero de 2020 le llevó al aeropuerto de Barajas la noche que se reunió en secreto con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Además, era afín al secretario general del PSOE, Santos Cerdán, la persona que le llevó a Madrid desde Navarra.
Según las pesquisas, Koldo García hacía las veces de conseguidor de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL ante la Administración a cambio de mordidas. Esta operativa generó 10 millones de comisiones ilegales, según las fuentes consultadas por este periódico. En la misma operación fueron detenidos la mujer de Koldo García, su hermano Joseba y el presidente del Zamora CF, entre otros.
Los principales investigados pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que coordina los trabajos junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todos se acogieron a su derecho a no declarar, una reacción habitual cuando se trata de una causa bajo secreto de sumario. El juez Ismael Moreno decretó para ellos la situación de libertad provisional con medidas cautelares, al entender que no hay ya riesgo de destruir pruebas ni riesgo de fuga.
Ramiro Grau es un ciudadano que en abril de 2020, en el peor momento de la pandemia, acudió al Tribunal Supremo para denunciar un contrato millonario adjudicado a dedo por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos a una empresa de Zaragoza para comprar material sanitario. Grau apreciaba indicios de cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos. Su acción no se quedó ahí, sino que también remitió escritos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de la situación, según relata en conversación con El Confidencial: "Eran copias de los documentos sobre el asunto. He debido de mandar alrededor de media docena, fundamentalmente para que la Presidencia del Gobierno se enterara del asunto".
Esa empresa que Ramiro Grau señalaba en su denuncia de 2020 era Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Es la firma que esta semana, casi cuatro años después, ha sido noticia por ser la beneficiaria de una trama de adjudicaciones millonarias integrada, entre otros, por el hombre de confianza del ministro José Luis Ábalos. Se les acusa de un presunto delito de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El líder del Ejecutivo, desde Marruecos, se desmarcó el miércoles de la operación policial adelantada por este periódico, que se saldó con 20 detenidos y que salpica a varias administraciones socialistas, incluyendo los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Sánchez afirmó no tener conocimiento de esta red. "Desde el principio, desde el año 2018, este Gobierno siempre ha colaborado con la Justicia, por lo tanto, máxima transparencia (...) Si yo sabía o no dejaba de saber, no dejan de ser maledicencias", dijo Sánchez ante los medios de comunicación.
Ramiro Grau asegura que las primeras cartas que mandó a la Moncloa se remontan al año 2020: "Mandé cartas directamente al Palacio de la Moncloa, al presidente del Gobierno, para informar de la situación. Nunca recibí acuse de recibo". En julio de 2021, Sánchez cesó de su cargo al ministro Ábalos sin que a día de hoy se conozcan las razones de la salida del Gobierno de quien fuera uno de los más leales colaboradores del presidente desde los tiempos de la oposición y la convulsa disputa por el liderazgo del PSOE.
"Ya me cansé de enviarles nada"
"Ya me cansé de enviarles nada, pues vi que no tenían ningún interés en investigarlo", añade este ciudadano, abogado de profesión, quien sitúa los últimos envíos en 2023. Este periódico ha tratado de recabar la versión de la Moncloa por varias vías, pero no ha recibido respuesta sobre si existe algún tipo de registro para consultar la correspondencia que recibe Presidencia. Tampoco si llegaron a estudiar las alertas de este ciudadano, que ya puso el foco en la trama cuando España llevaba apenas unas semanas confinada.
Grau también abordó en un artículo publicado en abril de 2020 los vínculos entre el ministerio de Ábalos y un empresario aragonés llamado José Ángel Escorial Senante, apoderado de esa empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, con sede en Zaragoza. Es la firma que se benefició con más de 50 millones de euros gracias a contratos suscritos con administraciones socialistas. Eso a pesar de no tener ninguna experiencia previa en el sector.
Ramiro Grau cuenta que obtuvo más reciprocidad por parte de la Fiscalía, a la que también remitió un escrito en marzo de 2022. El ministerio público sí le contestó por medio de un oficio fechado el 22 de marzo del año 2023. A diferencia del caso omiso del Gobierno, Anticorrupción sí tuvo en cuenta los escritos que le mandó Ramiro Grau. Así consta en la querella criminal firmada el 28 de junio por el fiscal del caso, Luis Pastor, mediante la cual judicializó sus pesquisas en la Audiencia Nacional.
Antes de eso, en octubre de 2020, Grau ya había presentado su denuncia contra el ministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. Tenía que ver con la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL de un contrato para la venta de 15 millones de mascarillas. Según el auto del Supremo al que ha tenido acceso este periódico, el fundamento de la denuncia era poner de relieve la existencia de "un sistema para adquirir las mascarillas a través de una empresa que no se dedica al abastecimiento de material sanitario, realizándose la adjudicación a dedo".
El Supremo se declaró competente para estudiar lo que tenía que ver con Ábalos por su condición de aforado, pero los jueces no hallaron en es ese momento indicios de delito por su parte. En la misma línea se manifestó la Fiscalía del Alto Tribunal. Consideró que los hechos contenidos en la denuncia sobre Ábalos carecían de "relevancia penal".
Los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, en un auto de marzo de 2021, apelaron a "la situación excepcional" que se vivió en la pandemia, cuando se aplicó una normativa propia del estado de alarma para adquisición de material sanitario de forma urgente. En ese momento, estaba permitido otorgar contratos por gran valor económico sin someterlos a concurso público. Fue una medida provocada por la escasez de abastecimiento de material sanitario y la necesidad de importarlo en el menor tiempo posible.
Sin embargo, pese al archivo en lo referente a Ábalos, el Supremo abrió la puerta a investigar penalmente al resto de implicados ante los tribunales ordinarios, lo que ha terminado sucediendo varios años después: "Lo anteriormente señalado no es obstáculo para que la imputación delictiva a la que se refiere la denuncia, por las adquisiciones fallidas o fradulentas realizadas en el tiempo del estado de alarma, puedan ser objeto de investigación ante órganos de la jurisdicción penal (...) El fuero de uno de los partícipes no altera la asignación de juez competente para los restantes eventuales partícipes".
Cuando Grau inició su cruzada, no sabía del papel que jugó en ese entramado Koldo García. El ministro tenía en él una especie de asistente personal. Fue la persona que en enero de 2020 le llevó al aeropuerto de Barajas la noche que se reunió en secreto con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Además, era afín al secretario general del PSOE, Santos Cerdán, la persona que le llevó a Madrid desde Navarra.
Según las pesquisas, Koldo García hacía las veces de conseguidor de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL ante la Administración a cambio de mordidas. Esta operativa generó 10 millones de comisiones ilegales, según las fuentes consultadas por este periódico. En la misma operación fueron detenidos la mujer de Koldo García, su hermano Joseba y el presidente del Zamora CF, entre otros.
Los principales investigados pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que coordina los trabajos junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todos se acogieron a su derecho a no declarar, una reacción habitual cuando se trata de una causa bajo secreto de sumario. El juez Ismael Moreno decretó para ellos la situación de libertad provisional con medidas cautelares, al entender que no hay ya riesgo de destruir pruebas ni riesgo de fuga.