La Justicia no se recupera del mazazo recibido este jueves por el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. El Confidencial ha contactado con diversos magistrados, fiscales, abogados del Estado y funcionarios de la administración pública que muestran su consternación por los términos reflejados en el documento que firmaron los negociadores y en el que, además de afianzar la amnistía completa al procés, se asume la existencia de lawfare, es decir, de una guerra sucia judicial contra el independentismo que debe compensarse desde la actividad parlamentaria. "Es lo que hacen las dictaduras de derechas o bolivarianas cuando los jueces no interpretan la ley como considera el poder ejecutivo", dice uno de los magistrados consultados.

El malestar fue patente nada más hacerse público el acuerdo. Todo un clamor. En una unidad muy poco frecuente, todas las asociaciones de jueces y de fiscales, al margen de etiquetas, salieron en tromba a denunciar la redacción del compromiso sellado por las formaciones de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. A lo largo de la jornada del viernes se fueron sumando decenas de manifiestos de rechazo de colectivos de lo más variopinto.

Detrás de esa desolación hay profesionales que llevan años implicados en la defensa de la legalidad y el cumplimiento de la ley, muchas veces con un elevado coste personal. No hay más que recordar, por ejemplo, el constante acoso al que se ha sometido en Cataluña al juez Pablo Llarena o la quema en diversas protestas de muñecos vestidos con togas en representación del tribunal del procés que presidió Manuel Marchena.

"Me indigna que el PSOE, un partido fundamental, el artífice principal de nuestra actual democracia, haya atentado irremediablemente contra la independencia judicial", se lamenta, desde el Supremo, uno de los consultados. Avisa otro de los jueces con los que ha hablado El Confidencial que, aunque la actuación que anticipa el acuerdo no llegue nunca a materializarse, "han lanzado ya la amenaza y cualquier juez que en el futuro adopte una decisión sobre la ley de amnistía, está ya condicionado". Si se rechaza la aplicación por parte de algún tribunal quedarán marcados, advierte.

"Un sacrificio personal enorme"

Hay quien mira al pasado para lamentar el desdén actual. "Para quienes estuvieron en Cataluña en los años del procés y la publicación de la sentencia en el 2019, y para quienes siguen estando hoy allí, la estupefacción es aún mayor. Tratar de ver algún tipo de intención política en la actuación de tantos compañeros que trabajaron por investigar y enjuiciar delitos, a costa de un sacrificio personal enorme, y siendo señalados por parte de la sociedad civil, es intencionadamente falso", considera.

Uno de ellos se lamenta: "¡Pero si lo fácil para los jueces en aquel momento hubiera sido mirar hacia otro lado!". Rememora como, en aquellos años, cada día había gente a la puerta de los juzgados manifestándose, personas que podían reconocer e identificar a cada juez o fiscal que entraba a hacer su trabajo. Las sedes judiciales eran objeto ataques: lanzamientos de pintura amarilla, consignas escritas en las paredes, carteles por la libertad de presos, incluso se lanzaban bolsas con excrementos dentro de los edificios.

Solo hay que echar un vistazo a la hemeroteca para recordar qué supuso aquello. Este magistrado, destinado en una localidad de Barcelona en aquella etapa, recuerda como, siendo juez tenía que guardar silencio sobre su trabajo "porque la propaganda institucional dividió la sociedad y la crispación política se vivía en el día a día" en los gimnasios, las academias de idiomas, el supermercado... "Quienes siguen allí saben que aún es difícil contar abiertamente a qué se dedica uno", se lamenta.

Pese a todo esto, "el Gobierno asume el relato de la opresión y el lawfare". "¿De qué están hablando? Es doloroso y triste. No se trata de palabras gruesas, sino de defender a los ciudadanos. La igualdad, la libertad y los derechos de todos, cuya protección los jueces hemos jurado defender. Unos votos por permanecer en el poder no justifican este trato al poder judicial. Se han equivocado, y por mucho que ahora maticen, el mal ya está hecho", dice un fiscal.

Para otra magistrada consultada, la compuerta abierta con el documento amenaza con crear una casta política aislada de la acción de la Justicia. "No tienen ninguna intención de defender la democracia, al contrario, la atacan con enorme deslealtad institucional, cuando en el fondo buscan ser intocables", dice. Señala también que en este país nadie es condenado por sus ideas, sino por los delitos que se comenten. "Si aceptamos el discurso de que en España se hace justicia pensando en intereses políticos, admitimos que no somos una democracia. Además, así se justifica la creación de mecanismos de control del legislativo y el ejecutivo sobre los jueces. Ningún juez querrá investigar a ningún político, de ningún signo, ante el riesgo de ser fiscalizado y sancionado por incurrir en responsabilidades determinadas por aquellos a quienes investigue o sus afines", concluye.

Desde la Abogacía del Estado, la sensación también es de estupor e indignación. En un cuerpo que, además, trabaja bajo las órdenes directas del Ejecutivo, la presión es doble. Una de las profesionales consultadas confiesa que después de más de 20 años de servicio público defendiendo a la Administración General del Estado ante los diversos órdenes jurisdiccionales, siente "flaquear" su vocación.
"Nos han vendido por siete votos"

"He participado por mi trabajo en muchas de las causas que podrían verse afectadas por este concepto, y en otras tantas que podrían verse afectadas por la amnistía, y me repugna que se diga que los jueces y tribunales han podido ser instrumentalizados para perseguir a los enemigos políticos (que esto es lo que significa lawfare), o que servidores públicos como fiscales, abogados del estado o funcionarios de policía hemos podido actuar al margen de la legalidad y con ese ánimo de acabar con los independentistas catalanes", añade. "El mismo PSOE que votó a favor de la aplicación del artículo 155 en el 2017, ahora se rinde ante los mismos que cometieron el golpe de estado porque necesita esos votos para formar gobierno. Nos ha vendido a todos los funcionarios públicos que defendimos el orden constitucional, como Judas, por siete votos", se queja.

Otro de los funcionarios contactados se lamenta de que la noticia de este acuerdo le ha sumido "en un estado de profunda tristeza y preocupación". Ve cesiones que, de asumirse como refleja el compromiso firmado, suponen que España no vivirá "ni en una democracia ni en un estado de derecho". "De repente me he encontrado con que no todos los españoles somos iguales ante la ley, ya que hay una casta de ciudadanos, los políticos catalanes y los que estos digan que deber estar dentro del grupo, que están por encima de la ley; que pueden cometer delitos graves y quedarse con el dinero público sin que vayan a ser juzgados. Se están usando las mayorías parlamentarias para beneficiar a unos pocos en perjuicio de todos y para subvertir lo que dice la Constitución sin modificarla", agrega.

"Así mueren las democracias, desde dentro"...