Umm, me parece una medida de sentido común, que debería ser obligada en las administraciones locales, regionales y nacionales. Esto mismo ya se está haciendo en Barcelona, Zaragoza y Logroño que yo sepa, pero seguro que vendrán muchas más. Las grandes corporaciones se iban a comer un colín. Aunque también la ley de contratos públicos de la administración central comtempla que para contratar con el estado hay que estar al corriente en materia fiscal y hasta ahora no se cumple, al menos con los "amigos". Veremos.
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