Todo español tiene derecho a una vivienda digna.

Dejar un derecho constitucional en manos de empresas privadas (bancos y cajas de ahorro) es una irresponsabilidad.
Con la salud ocurre lo mismo, sólo que si la privada la caga te redirigen a la pública para que deshaga el entuerto. Doble coste. Además de los costes ocultos aunque no llegues a necesitar la pública.