Me ha recordado a lo que ha pasado en España mismo en los hospitales con pacientes terminales de COVID-19 desahuciados con el tratamiento oficial y cómo los familiares han tenido que ir al juez para exigir que se les permita aplicar al enfermo otro tratamiento por su cuenta, cuando, en paralelo, si querían aplicarle la eutanasia, todo eran facilidades.
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