«Ejemplos paradigmáticos son Reino Unido e Italia, donde tras la denuncia, el juez da orden a la Policía para la expulsión si el ocupante no exhibe un título legal que le habilita la posesión», apunta este magistrado.
La redacción de este artículo planteado por Vicente Magro quedaría así: «En los casos en los que se investigue un delito del artículo 202 o 245 del Código Penal, el juez adoptará motivadamente la medida de lanzamiento en el plazo máximo de 72 horas desde la petición cautelar, en tanto en cuanto una vez requeridos los ocupantes del inmueble no exhiban título posesorio auténtico que les proteja en esa posesión».
Además, este magistrado también hace hincapié en modificar la Ley de propiedad horizontal, «habida cuenta que hoy en día las comunidades de propietarios no tienen legitimación para plantear la expulsión de un ocupante ilegal si el propietario no ha tenido conocimiento de la ocupación o está en el extranjero o ilocalizable».
«De esta manera, se debería reconocer al presidente de una comunidad legitimación para solicitar la expulsión al juez en los casos en que esta situación provoque, además, molestias y daños a los comuneros o supuestos de defraudación de fluido eléctrico, ya que en algunos casos se llevan a cabo enganches ilegales de luz», explica Magro.
#1 El caso es que van a echar a los okupas, y muestran a la poli un contrato falso de alquiler. O peor, de compraventa a otro kinki. Y se ven obligados a paralizar la desocupación hasta que el juez los cite, examine las pruebas, falle a favor del propietario, etc. y eso puede tardar meses con la justicia española.
Y cuando ya por fin el juez los va a echar... ¡Sorpresa! Ahora la casa sigue ocupada, pero por otros fulanos, que muestran su contrato de alquiler o de compra falso, y vuelta a empezar.
No es que las leyes estén mal. Es que la justicia es lenta.
#9 Correcto justamente es uno de los escenarios habituales que está pasando, eso junto a otro incluso peor para el propietario y es que tiran a la basura todos sus objetos personales para que no pueda demostrar que es su morada, la policía ante la falta de pruebas evidentes no se moja, por eso ya dije la primera vez que salió un vídeo del juez Diego Álvarez de Juan que está siendo deshonesto y trata de manipular la realidad hablando únicamente de un escenario idílico de allanamiento de morada que únicamente se da en muy poquísimos casos en los que algún ocupa desinformado y sin experiencia ha hecho las cosas mal omitiendo intencionadamente (o peor aún interesadamente) la realidad con la que se enfrentan la absoluta mayoría de los ciudadanos que se enfrentan a una ocupación.
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La redacción de este artículo planteado por Vicente Magro quedaría así: «En los casos en los que se investigue un delito del artículo 202 o 245 del Código Penal, el juez adoptará motivadamente la medida de lanzamiento en el plazo máximo de 72 horas desde la petición cautelar, en tanto en cuanto una vez requeridos los ocupantes del inmueble no exhiban título posesorio auténtico que les proteja en esa posesión».
Además, este magistrado también hace hincapié en modificar la Ley de propiedad horizontal, «habida cuenta que hoy en día las comunidades de propietarios no tienen legitimación para plantear la expulsión de un ocupante ilegal si el propietario no ha tenido conocimiento de la ocupación o está en el extranjero o ilocalizable».
«De esta manera, se debería reconocer al presidente de una comunidad legitimación para solicitar la expulsión al juez en los casos en que esta situación provoque, además, molestias y daños a los comuneros o supuestos de defraudación de fluido eléctrico, ya que en algunos casos se llevan a cabo enganches ilegales de luz», explica Magro.
Y cuando ya por fin el juez los va a echar... ¡Sorpresa! Ahora la casa sigue ocupada, pero por otros fulanos, que muestran su contrato de alquiler o de compra falso, y vuelta a empezar.
No es que las leyes estén mal. Es que la justicia es lenta.