Los varapalos judiciales al Estado costarán a Hacienda más de 10.000 millones y elevarán el déficit público
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El Estado afronta las consecuencias de diferentes sentencias desfavorables dictadas en los últimos años. La que declara ilegal el tramo autonómico del impuesto de Hidrocarburos, la que anula la subida de Sociedades de 2016, la que obliga a devolver el IRPF a los pensionistas, o la del impuesto de actividades económicas. A estas se suman otras causas judiciales pendientes, como las de los arbitrajes internacionales, las de las concesiones de las autopistas o los recursos contra el bono social eléctrico.
