¿Son galgos o podencos? La ridícula disputa sobre la Ley Sólo Sí es Sí mientras los juzgados españoles llevan paralizados casi 1 mes
Siempre digo que los protocolos, nominalismos, rollos simbólicos y demás mandangas no valen nada en comparación con las medidas que establecen herramientas tangibles para lograr los objetivos que se dicen buscar. En un convenio colectivo, me importa extraordinariamente poco que los peones especializados pasen a llamarse oficiales de tercera o se sigan llamando igual: lo que me importa es que se les suba el sueldo. Por eso me causa vergüenza ajena el cirio que hay montado con la reforma de la Ley Sólo Sí es Sí, cuyo epicentro está en si se establecen SENDOS delitos de AGRESIÓN sexual (ambos llamados específicamente “Agresion sexual”, uno con violencia o intimidación y el otro sin ellas) o se dejan ambas conductas amalgamadas en un solo delito, con el nefasto efecto que ello ha provocado en los tribunales que, aprovechando que la pena mínima del nuevo delito que fusiona ambas conductas es más baja, han rebajado condenas en determinados supuestos.
Yo soy partidario de los beneficios a nivel de protección a la víctima (en lo relativo a asistencia y acompañamiento sanitario, psiquiátrico, social...) que ha traído la Ley, y me parece un gran avance a ese respecto, pero estoy igualmente de acuerdo con su reforma para volver a separar las agresiones con y sin violencia (incrementando, eso sí, las penas de ambas) porque de este modo se desactiva el peligro de nuevas rebajas de condena para los delitos cometidos tras su entrada en vigor.
Y es que lo importante no son las pajas mentales ni las disquisiciones metafísicas sobre que una redacción u otra puedan conllevar a nivel simbólico un mensaje subliminal que relativice el valor del consentimiento (al 99% de la sociedad se la soplan esas discusiones sobre el sexo de los ángeles y ni reparan en ellas). Lo importante es que haya penas altas para desincentivas a los agresores, y a la vez medidas de protección y acompañamiento a las víctimas para que se sientan amparadas en todo momento y se animen a denunciar (cosa que, como digo, ha mejorado mucho desde la entrada en vigor de la ley). Todo ello aparte de que veo plenamente lógico que la violencia conlleve un plus de condena y genere un delito autónomo, pese a que en ambos casos (con y sin violencia) la ausencia de consentimiento sea elemento típico fundamental del delito, independientemente de las teorizaciones estériles (y equivocadas) de Irene Montero sobre la cuestión.
El mensaje que hay que mandar a los agresores y a la sociedad en general sobre estos delitos, es que son muy graves y execrables, y la herramienta idónea para ello es un cóctel de penas elevadas y medidas de protección a la víctima. Y que las conductas punibles estén en uno o dos delitos es absolutamente irrelevante (salvo si provoca el efecto práctico de que se bajen las condenas a los agresores, en cuyo caso es obvio que hay una razón de peso para optar por el modelo de dos delitos).
Que un problema tan fácil de resolver esté dando tanto que hablar, me indigna especialmente en un contexto donde, desde el 24 de enero, los juzgados de España están absolutamente paralizados por la huelga de secretarios judiciales (en Murcia no se ha celebrado un solo juicio laboral desde el 24, salvo si es por derechos fundamentales, que se imbrican en los servicios mínimos). Esto implica que gente que llevaba 2 años o más esperando a que se celebrase su juicio para cobrar su nómina o decidir si su despido era improcedente, tenga que esperar otros 2 años al menos, pues el juicio suspendido no se vuelve a señalar hasta entonces. Todo ello aparte de la paralización de las ejecuciones de sentencia (no se pagan cantidades embargadas a los acreedores, no se ejecutan medidas de embargo dando tiempo a los morosos a ocultar su patrimonio, etc). Frente a este desastre, nadie dice ni hace nada (el Ministerio ha citado al Comité de Huelga, tras 3 semanas de huelga, a una primera reunión el jueves que viene),
Cierto es que los secretarios judiciales tienen mucho morro (quieren cobrar el 85% del sueldo de un juez pese a que la complejidad de sus funciones no se acerca ni por asomo a las de los juzgadores) y es curioso que convoquen la huelga a 4 meses de las elecciones autonómicas cuando el conflicto lleva vivo desde 2015 (momento en el que les impusieron ciertas funciones complementarias que son las que usan como argumento para pedir la subida de sueldo). Pero el Ministerio de Justicia tenía la obligación de actuar con celeridad, bien negociando con ellos, bien imponiendo medidas que garanticen el fin de la obscena parálisis que viven los juzgados (por ejemplo, habilitar a los gestores procesales a que lleven a cabo algunas de las funciones de los secretarios o incrementar los servicios mínimos). Lo que no es de recibo es que llevemos ya 100.000 actuaciones judiciales paradas, con las tragedias humanas que ello implica, y en lugar de actuar para solucionar lo importante sigamos con las idioteces sobre galgos y podencos de la Ley Sólo Sí es Sí.
