Lo copio por si no se puede leer.
Infracciones por incumplimiento del derecho europeo, críticas a la ley de Amnistía o abuso de la figura del decreto-ley son algunas de las cuestiones comentadas sobre el Ejecutivo de Sánchez en el último informe de la fundación Hay Derecho, una organización privada que promueve la regeneración institucional, la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de derecho. El documento pone el ojo en el poder legislativo, el judicial y los contrapesos institucionales en su función de vigilar y controlar al poder.
Entre otras cuestiones, la fundación sentencia que "los continuos ciclos electorales y la existencia de un Gobierno en minoría dependiente de los votos de partidos independentistas añade incertidumbre y limita seriamente la capacidad de legislar del Gobierno". Además, argumentan que una de las principales amenazas al Estado de derecho es la "politización que se cierne sobre la élite fiscal y judicial". El informe también insta a los poderes públicos, tras el requerimiento de la Comisión Europea, a reforzar las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos públicos, a aplicar la ley sobre protección a los informantes de corrupción y la regulación de los grupos de interés.
Poder judicial: preocupación por la Fiscalía
Hay Derecho examina al detalle los recovecos del sistema judicial español. A pesar del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a principios de verano, la fundación se sigue mostrando crítica. El informe remarca que el gasto en justicia es "ineficiente": el sistema español pasa por la mayor congestión de los últimos diez años, pese a que es uno de los países de la UE que más invierte en esta área, según datos del CGPJ analizados por Hay Derecho. Además, la organización recoge otro detalle que impacta en la calidad, agilidad y eficacia del sistema: España es el cuarto país de la Unión Europea con menos jueces por habitante. El estudio destaca que a principios de año, la tasa era de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, prácticamente la mitad que la media europea. Y el asunto no mejorará. El CGPJ calculó que serían necesarios al menos 350 nuevos jueces casa año para mitigar el problema, pero el acuerdo entre el PSOE y el PP solo prevé la creación de 200 plazas anuales. Asimismo, la fundación pone el foco en la Fiscalía, de la que subraya una "estrecha relación" con el Gobierno. El foco lo acapara el fiscal general, Álvaro García Ortiz, con una gestión criticada por "falta de transparencia e independencia" con conflictos y sentencias que cuestionan nombramientos y actuaciones durante el mandato. La organización se muestra "preocupada" por la independencia del Ministerio Fiscal y su funcionamiento al detectar "escasos o inexistentes contrapesos internos y un enorme margen para la discrecionalidad del fiscal general", que según apuntan, "puede convertirse en arbitrariedad como revelan algunas sentencias del Supremo".
Poder legislativo: abuso de decretos
El informe también se muestra crítico con el poder legislativo de los últimos años. Según los datos analizados, en 2023 el 32% de las iniciativas aprobadas fueron decretos leyes. Una cifra que la organización tilda de "abusiva" en una figura legislativa que, en principio, debe ser excepcional y para casos de urgencia. Su aprobación depende en primera instancia del Consejo de Ministros, aunque posteriormente debe someterse a una votación en el Congreso y ratificarse con mayoría simple. Ante este modo de legislar, el informe constata "la creciente irrelevancia de un Parlamento eclipsado por el Gobierno en su función principal, que es la legislativa".Entre todos los decretos aprobados por el Ejecutivo, el informe da especial relevancia a los Ómnibus, de los que reconoce una "práctica patológica". Se trata de un tipo de legislación "cajón de sastre", que recoge muchos aspectos diferentes, sin puntos en común y que deben aprobarse en bloque. Un ejemplo fue el Real Decreto-ley 2023, aprobado en el cierre de la legislatura, en el que se incluían normas tan dispares como "medidas de respuesta a las consecuencias de la Guerra en Ucrania" junto a una transposición de directivas europea para mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional. Es, por ende, una técnica que, según el informe, puede suponer un "mecanismo de coacción frente a los partidos representados en el Congreso". De los ocho decretos leyes probados en 2023, cinco presentaban estas características y en 2022 fueron siete de los 20 aprobados.
La ley de Amnistía, la única orgánica aprobada en esta legislatura por el Ejecutivo, también se ha llevado la atención de los estudiosos. "Ha tensionado de forma muy intensa nuestro orden institucional", apuntan en el informe. En él, evitan las críticas propias, pero se remiten a un documento emitido por la Comisión de Venecia en el que se esclarece que "este tipo de leyes deben aprobarse por mayorías muy cualificadas y, al poder ser, con base constitucional expresa" y sentencian "de todo lo cual carece esta ley". Esta norma, presentada en su momento como proposición de ley, también es criticada en el informe por considerarse como "proyecto de ley encubierto".
Las proposiciones de ley son una herramienta pensada para que los grupos de la oposición puedan presentar fácilmente normativas; sin embargo, el Ejecutivo recurre "frecuentemente" a esta práctica. En cuanto a la ley de amnistía, Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, presentó la ley como "proposición" en vez de como "proyecto", una elección que ahorró informes preceptivos de órganos constitucionales. Pero la de amnistía no ha sido la única tramitada de esta manera: en 2022, un total de 21 proposiciones de ley provinieron de los grupos parlamentarios mayoritarios que conformaban el Gobierno y en 2023, 18. Por otro lado, el informe recuerda que España es el país de la UE con mayor número de procedimientos por infracción abiertos por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias. A finales de 2023, el Gobierno de Sánchez acumulaba 47 casos por transposición o aplicación incorrecta de las directivas, 24 casos de infracción por transposición tardía y diez por incorrecta transposición o aplicación de directivas.
Contrapesos institucionales
Los profesionales de Hay Derecho recogen que "aumenta la vinculación política de los magistrados del Tribunal Constitucional". De hecho, en la última renovación de esta institución, el Gobierno socialista nombró a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general del Ministerio de Presidencia, ambos en sus cargos políticos durante el segundo mandato de Sánchez.
Además, también se recoge la figura de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, después de ser ministro de Educación con Zapatero y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, y la de Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta de Sánchez entre 2018 y 2021. Como consecuencia de todos estos nombramientos, el informe concluye que, en términos generales, donde los poderes políticos tienen que adjudicar puestos, "la afinidad política se impone al mérito y capacidad". Y finalizan: "Donde no ha sido posible un intercambio de cromos, el resultado alcanzado en muchos casos es el bloqueo".
Desde la fundación, instan al Gobierno a evitar los decretos-ley y en concreto, los ómnibus; promover la meritocracia en el Poder Judicial, controlar los conflictos de intereses, la publicidad institucional y asegurar la independencia en los órganos de contrapeso.