Los magistrados están procesando a G's España, filial de la empresa británica G's Group, junto con otras 36 empresas agrícolas por el presunto uso de plantas desalinizadoras ilegales, lo que, según sostienen, ha contribuido al colapso ecológico del Mar Menor, la mayor laguna permanente de agua salada de Europa.
G's España suministra ensalada a supermercados como Tesco, Waitrose, Sainsbury's, Marks & Spencer, Asda, Lidl y Co-op. La empresa cuenta con 6.000 hectáreas de terreno agrícola en Murcia, España, donde cultiva verduras frescas como lechuga, rábano y apio para mantener las estanterías de los supermercados del Reino Unido abastecidas en invierno. Cada semana importa más de 400 camiones de productos. En 2021, la empresa realizó ventas por valor de más de 500 millones de libras.
De las casi 40 empresas investigadas por "delitos contra el medio ambiente", los magistrados dicen que G's España es la que ha causado el mayor daño, estimando el coste para la economía en más de 2,5 millones de euros. Piden una condena de tres años y medio de cárcel para el ex director de la empresa, David Abrahams, según informan los medios locales.
El Mar Menor es un lugar protegido por la Convención internacional de Ramsar sobre los Humedales, pero las escorrentías ricas en fertilizantes procedentes de décadas de agricultura intensiva y regadío ilegal se han vertido en la laguna, provocando la eutrofización y la muerte de miles de animales marinos en los últimos años.
El British Retail Consortium, que actúa en nombre de los supermercados del Reino Unido, dijo que sus miembros estaban "trabajando estrechamente con el proveedor para entender la situación actual".
Waitrose, el único supermercado que comentó individualmente el caso, dijo estar "profundamente preocupado". Un portavoz añadió: "Siempre queremos abastecernos de forma sostenible... y estamos investigando con urgencia".
WWF, la principal organización conservacionista independiente del mundo, dijo que pedía al gobierno español "que abordara las extracciones ilegales y la contaminación e instara a todas las empresas que se abastecen en la región a garantizar la legalidad en las explotaciones".
Teresa Gil, responsable del programa de agua dulce de WWF España, dijo: "La gente se sorprenderá al saber que en España -donde se cultiva la mayor parte de las frutas y verduras importadas por el Reino Unido- el uso insostenible y mal regulado del agua, junto con la contaminación agrícola, está provocando el catastrófico declive de preciosos hábitats de agua dulce".
La región del Mar Menor tiene uno de los climas más secos de Europa, lo que ha llevado a algunos agricultores a construir pozos no autorizados e instalar cientos de plantas desalinizadoras para convertir las aguas subterráneas salobres en agua apta para el riego. La salmuera que se vierte como parte de este proceso está cargada de nitratos y los magistrados afirman que estos vertidos son "una de las principales causas del deterioro irreversible y catastrófico del ecosistema del Mar Menor".
Según el Gobierno español, unas 8.000 hectáreas de terrenos agrícolas que rodean el Mar Menor se riegan sin los permisos legales correspondientes.
La semana pasada la investigación, conocida como 'Caso Topillo' y puesta en marcha por primera vez en 2017, avanzó hasta la fase de juicio oral, allanando el camino para posibles condenas.
En el marco del Caso Topillo, los magistrados también piden penas de prisión para dos ex políticos autonómicos, a los que señala como responsables de que sus departamentos no realizaran inspecciones sobre la red ilegal de pozos y desaladoras.
En 2020, ClientEarth, junto con el grupo ecologista Ecologistas en Acción, presentó una queja a la Comisión Europea instándola a emprender acciones inmediatas contra la continua falta de protección del Mar Menor por parte de España.
Soledad Gallego, abogada de ClientEarth especializada en vida silvestre y hábitats, dijo: "Como guardián legal del Mar Menor, las autoridades españolas tienen el deber de salvaguardar la laguna. Pero una y otra vez, las autoridades han incumplido esta obligación legal.
"Seguir permitiendo que las prácticas agrícolas intensivas pongan en peligro el Mar Menor y los terrenos circundantes está causando ya un daño irreversible y acabará dejando la zona estéril. Esto tendrá repercusiones tanto ambientales como económicas y sociales: una situación en la que todos pierden."
Ni G's España ni el Grupo G's respondieron cuando se les pidió que hicieran comentarios.
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G's España suministra ensalada a supermercados como Tesco, Waitrose, Sainsbury's, Marks & Spencer, Asda, Lidl y Co-op. La empresa cuenta con 6.000 hectáreas de terreno agrícola en Murcia, España, donde cultiva verduras frescas como lechuga, rábano y apio para mantener las estanterías de los supermercados del Reino Unido abastecidas en invierno. Cada semana importa más de 400 camiones de productos. En 2021, la empresa realizó ventas por valor de más de 500 millones de libras.
De las casi 40 empresas investigadas por "delitos contra el medio ambiente", los magistrados dicen que G's España es la que ha causado el mayor daño, estimando el coste para la economía en más de 2,5 millones de euros. Piden una condena de tres años y medio de cárcel para el ex director de la empresa, David Abrahams, según informan los medios locales.
El Mar Menor es un lugar protegido por la Convención internacional de Ramsar sobre los Humedales, pero las escorrentías ricas en fertilizantes procedentes de décadas de agricultura intensiva y regadío ilegal se han vertido en la laguna, provocando la eutrofización y la muerte de miles de animales marinos en los últimos años.
El British Retail Consortium, que actúa en nombre de los supermercados del Reino Unido, dijo que sus miembros estaban "trabajando estrechamente con el proveedor para entender la situación actual".
Waitrose, el único supermercado que comentó individualmente el caso, dijo estar "profundamente preocupado". Un portavoz añadió: "Siempre queremos abastecernos de forma sostenible... y estamos investigando con urgencia".
WWF, la principal organización conservacionista independiente del mundo, dijo que pedía al gobierno español "que abordara las extracciones ilegales y la contaminación e instara a todas las empresas que se abastecen en la región a garantizar la legalidad en las explotaciones".
Teresa Gil, responsable del programa de agua dulce de WWF España, dijo: "La gente se sorprenderá al saber que en España -donde se cultiva la mayor parte de las frutas y verduras importadas por el Reino Unido- el uso insostenible y mal regulado del agua, junto con la contaminación agrícola, está provocando el catastrófico declive de preciosos hábitats de agua dulce".
La región del Mar Menor tiene uno de los climas más secos de Europa, lo que ha llevado a algunos agricultores a construir pozos no autorizados e instalar cientos de plantas desalinizadoras para convertir las aguas subterráneas salobres en agua apta para el riego. La salmuera que se vierte como parte de este proceso está cargada de nitratos y los magistrados afirman que estos vertidos son "una de las principales causas del deterioro irreversible y catastrófico del ecosistema del Mar Menor".
Según el Gobierno español, unas 8.000 hectáreas de terrenos agrícolas que rodean el Mar Menor se riegan sin los permisos legales correspondientes.
La semana pasada la investigación, conocida como 'Caso Topillo' y puesta en marcha por primera vez en 2017, avanzó hasta la fase de juicio oral, allanando el camino para posibles condenas.
En el marco del Caso Topillo, los magistrados también piden penas de prisión para dos ex políticos autonómicos, a los que señala como responsables de que sus departamentos no realizaran inspecciones sobre la red ilegal de pozos y desaladoras.
En 2020, ClientEarth, junto con el grupo ecologista Ecologistas en Acción, presentó una queja a la Comisión Europea instándola a emprender acciones inmediatas contra la continua falta de protección del Mar Menor por parte de España.
Soledad Gallego, abogada de ClientEarth especializada en vida silvestre y hábitats, dijo: "Como guardián legal del Mar Menor, las autoridades españolas tienen el deber de salvaguardar la laguna. Pero una y otra vez, las autoridades han incumplido esta obligación legal.
"Seguir permitiendo que las prácticas agrícolas intensivas pongan en peligro el Mar Menor y los terrenos circundantes está causando ya un daño irreversible y acabará dejando la zona estéril. Esto tendrá repercusiones tanto ambientales como económicas y sociales: una situación en la que todos pierden."
Ni G's España ni el Grupo G's respondieron cuando se les pidió que hicieran comentarios.