El Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han unido fuerzas para lanzar una página web con el objetivo de tratar de recuperar el dinero que las inmobiliarias estafan al inquilinato, haciéndole pagar honorarios ilegales en los contratos de alquiler. La web se llama estafainmobiliarias.org.

El Sindicato de Alquiladas cree “positiva” la contención de las rentas pero dice al Gobierno que vaya más allá y baje los precios, ya que no son “sostenibles” para gran parte de la sociedad

Nueve de cada diez inquilinos en Madrid y Barcelona tienen contratos de alquiler temporales y a un precio de mercado, una dinámica que les deja a merced de posibles variaciones especulativas y que genera inseguridad residencial. Así lo revela el nuevo informe Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley [ver PDF], publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y que arroja cómo las políticas públicas de alquiler han disparado la inseguridad residencial y la precariedad económica, especialmente en Madrid y Barcelona

Ni compran ni alquilan. En poco tiempo, se ha desplomado el número de jóvenes que buscan vivienda. Mientras, los precios siguen subiendo pese a la bajada de la demanda, porque el inversor sigue muy activo y el parque de vivienda no aumenta.

Ya lo dice el manual del buen comunista. «Haced lo que diga, no lo que haga». Pedro Sánchez emprendió esta segunda semana de abril (8-14) de 2024 una cruzada con el tema de la vivienda.

Desde que se empezó a regular el mercado del alquiler, en 2019, se nos dice que "la oferta se ha desplomado". Esto es rotundamente FALSO. En Barcelona, el número de pisos en alquiler se ha doblado. De 106.000 viviendas en 2009 a casi 230.000 en 2023. La oferta de vivienda en alquiler ha crecido todos los años entre 2009 y 2023, con la excepción del año de la pandemia. Es un aumento espectacular: 116,4%

La Empresa Municipal de Vivienda pretende dejar en la calle a un vecino el próximo miércoles y “amenaza” a una mujer y sus hijas. El Gobierno de Almeida dejará sin casa en año nuevo a cientos de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Los desahucios no están prohibidos y lo saben muy bien en los barrios obreros de Madrid. El mantra se repite y se extiende, pero lo cierto es que miles de familias son desahuciadas anualmente, expulsadas a la calle sin ninguna alternativa habitacional y con una clara situación de vulnerabilidad.

Entre los cambios que anuncia el texto, que está pendiente de aprobarse en el Congreso, está que los honorarios inmobiliarios los pagará el casero y habrá más límites para grandes tenedores; se limitarán precios de alquiler en las “zonas tensionadas”, pero la decisión de declarar esas zonas será de las comunidades autónomas y municipios; en lo que respecta a los desahucios, antes de ejecutar el desalojo, los servicios sociales deben proporcionar antes una solución habitacional para esa familia; y Sánchez anunció la semana pasada que 50.000 vi

Lo ves, lo importante no son lo colores, sino el paño

En el segundo trimestre de 2024, el capital extranjero que invierte en vivienda acaparó uno de cada tres inmuebles en Baleares y Canarias. Por nacionalidades, los británicos, con un 8,37% de la demanda, fueron quienes más invirtieron en vivienda en España, seguidos de los alemanes, con un 6,88% de las compras, marroquíes (6,1%), rumanos (5,31%), franceses (5,22%), italianos (5,18%), neerlandeses (5,14%), belgas (4,65%) y polacos (4,63%).

En España el acceso a una vivienda digna es un derecho secuestrado. En este programa contamos la pesadilla de alquiler y acceder a una vivienda en España: de cómo se chantajea a inquilinos e inquilinas, de las subidas asfixiantes de los precios, de los desahucios que no cesan y un mercado inmobiliario y unos bancos que siguen llenándose los bolsillos y bloqueando al acceso digno a un hogar. Y analizamos qué dice y qué significa de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la primera en 45 años, democracia aprobada en el Consejo de Ministros el pasa

Hay algo podrido en Corea del Sur. La natalidad está cayendo en picado más rápido que en cualquier otro lugar del planeta. El precio de la vivienda destruye la posibilidad de formar familia. La solución que están adoptando es crear una nueva ciudad con precios asequibles.

Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, las infracciones penales por 'okupaciones' de viviendas han descendido un 11% en el primer trimestre de 2023. A 31 de marzo se han contabilizado 3.898 infracciones penales relacionadas con las okupaciones de inmuebles, frente a los 4.385 casos del primer trimestre de 2022

Consultor Inmobiliario (Pantomima Full). Acompáñale a sentirte desgraciado.

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas ha cargado contra la «estafa» de Defensa con la venta de suelo para vivienda

La representante del Gobierno autonómico ha indicado que la media desde su puesta en marcha es de 20 llamadas por provincia. En ese sentido, ambas han recalcado que el objetivo de esta es “mantener el respeto por la propiedad privada”, señalando que es un reto difícil, “ya que la legislación vigente pone en solfa a los más vulnerables”. Por ello, las representantes autonómicas han hecho hincapié en que es necesario que las Comunidades reaccionen para frenar esta tendencia.

El propietario de la finca alquilaba ilegalmente pequeñas parcelas a 400 euros y permitía que los inquilinos durmieran en caravanas o tiendas de campaña. Los desahuciados afirman tener empleo, la mayoría, en el sector turístico. 700 euros por vivir en una chabola: las 'villas miseria' que alojan a los trabajadores en Ibiza

Esta semana comienzan los juicios a través de los cuales Blackstone pretende desahuciar a 40 hogares de toda la Comunidad de Madrid. Hace más de un año que estas 40 familias recibían un burofax en el que el fondo buitre, el mayor casero de España y el mundo, les imponía subidas abusivas de hasta el 100% respecto a su alquiler anterior. Les daban dos opciones: o aceptaban la subida o se tenían que marchar de la vivienda al no renovarse su contrato de alquiler.

No es la primera vez que Isabel Rodríguez hace declaraciones que dejan alarmados a los partidarios del Gobierno que creen que sin una regulación más efectiva pasarán muchos años antes de que el problema entre en vías de solución. Eso en el caso de que sea posible, porque la consideración de la vivienda como bien de inversión –de especulación, que dirían los socios del Gobierno– se ha convertido en un hecho indudable en el mercado

La Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado 25 de mayo, obliga a los propietarios que alquilan su vivienda a pagar los gastos de gestión: los honorarios que cobran las inmobiliarias por su labor de intermediación. Tradicionalmente, en los mercados más tensionados las agencias han repercutido estos gastos al inquilino, que en muchos casos asume grandes desembolsos —de hasta cinco mensualidades— para entrar en el piso que desea.

La actividad del mercado de la vivienda en venta y en alquiler experimentará durante el próximo trimestre un repunte de los precios.