Los padres de Julián recibieron esta semana la mayor de las alegrías. Hace apenas unos días los médicos que llevan el caso del pequeño Julián Cayetano, del hospital murciano Virgen de la Arrixaca, anunciaban a sus progenitores, tras someterle a una resonancia, que el tumor que albergaba en su cabeza había desaparecido.
El caos sigue campando a sus anchas en los servicios de Atención Primaria (AP) de la Comunidad de Madrid. Esta vez, las quejas llegan desde Carabanchel, donde uno de sus centros de salud lleva toda la semana sin ninguno de los ocho médicos adjudicados del turno de tarde. Los trabajadores aseguran que no es la primera vez que se ven en esta tesitura y alertan de que, sin un plan nuevo, los pacientes tendrán que marcharse a otros ambulatorios para ser atendidos.
La enfermera andaluza se quejó en sus redes sociales porque debía obtener el título de catalán C1 para acceder a las oposiciones. El vídeo lo grabó junto con unas compañeras y se hizo viral. Ahora asegura que la Generalitat la sometió a un "interrogatorio" en "tono policial" y "agresivo" para esclarecer por qué grabó ese vídeo en el centro de trabajo.
El Barómetro Sanitario de 2023 revela que las enormes listas de espera y el colapso de la Atención Primaria provocan que a los enfermos no les quede más remedio que abusar de estos servicios.
El número de enfermeros que abandonó España en búsqueda de trabajo en el extranjero casi se duplicó en el 2022, indican datos del Consejo General de Colegios de Enfermería. Esto sucede al tiempo que el país vive una severa crisis sanitaria y los trabajadores de la Salud exigen mejores condiciones laborales.
Hay varios tipos de usuarios de la sanidad privada. Están quienes lo hacen por tradición o convicción, defendiendo casi de forma militante esta opción, a quienes se lo pagan en el trabajo, y hay un perfil de gente, cada vez mayor, que preferiría no hacerlo, pero se ve empujada por la situación en la que se encuentran los servicios públicos.
Se realizará en todas las capitales de provincia andaluzas convocadas por la Marea Blanca para exigir a la Junta que retire la orden que permite conciertos con la privada en atención primaria y que también faculta a estas compañías para utilizar las instalaciones de la pública. Una orden de “dudosa legalidad”, según este colectivo, que anuncia que, si antes no se retira, la semana que viene la llevarán a los tribunales.
Según las cifras del Ministerio de Sanidad y Consumo recogidas por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Generalitat destinó el 24,5% de sus fondos en sanidad a este propósito. Es el triple que en Madrid, donde solo el 9% del presupuesto autonómico en salud alimentó los conciertos.
La desmesurada rentabilidad de la sanidad privada, un negocio cuyo grueso se reparte en España una decena de grupos con elevadas participaciones en manos de fondos de inversión extranjeros, responde a la inyección de recursos públicos en un sector en el que los usuarios ya cubren el 98% del gasto.
