Según el preámbulo del documento, este «pretende proteger mejor a los pequeños propietarios», destacando que un tercio de estos son jubilados y que los ingresos que obtienen del alquiler son «absolutamente esenciales para garantizarles una jubilación tranquila».

En este sentido, distingue la okupación o ‘squatting’ del delito de violación de domicilio, con el cual se solía procesar a quienes cometían este delito. Ahora, los okupas se enfrentarán a tres años de prisión y 45.000 euros de multa donde antes se hablaba de un año y 15.000 euros.