Los seguimientos a Miñanco, que se enfrenta a 31 años y seis meses de cárcel en este juicio, culminaron en octubre de 2017 con la incautación 3,3 toneladas de cocaína a un buque en alta mar. Apenas un mes después, aprehendieron otros 615 kilos de esta droga en un contenedor intervenido en los Países Bajos. La Policía Nacional detuvo a Miñanco en Algeciras en febrero de 2018, pero en el caso de Boye, aún faltaba más de año y medio para que los agentes se presentaran en la puerta de su despacho con una orden de registro. Para entonces, varias pruebas apuntaban de forma directa al abogado de Puigdemont como principal responsable de una operación de blanqueo.
La investigación contra Boye tiene su origen en lo ocurrido el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas, donde incautaron más de 889.000 euros en efectivo a presuntos miembros de la organización criminal. "Fueron detenidos en el aeropuerto Madrid-Barajas en el momento en el que se dirigían al embarque del vuelo AV-47 con destino Bogotá, transportando distintas cantidades ocultas en el doble fondo de su equipaje de mano", explica la Fiscalía Antidroga.
Para tratar de recuperar el dinero, el escrito de acusación apunta a que se celebró de inmediato un encuentro al que acudieron Miñanco y el propio Boye, quien por aquel entonces ya estaba ejerciendo como abogado del capo gallego en un procedimiento que se seguía contra él por un delito de blanqueo de capitales ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. "En esta reunión, Boye Tuset y Morán Castro [otro de los acusados] les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en el expediente sancionador que permitirían así justificar el origen legal del dinero intervenido", señala la Fiscalía.
Lawfare a todo trapo", denunció Puigdemont a través de sus redes sociales nada más conocerse la imputación de su abogado. "Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Boye le pretenden hacer difícil su trabajo. No se saldrán con la suya". Cinco años después, el término lawfare está más en boga que nunca por la amnistía, pero ni esta ley ni los recursos que Boye ha ido interponiendo han logrado librarle de sentarse en el banquillo por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial.
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La investigación contra Boye tiene su origen en lo ocurrido el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas, donde incautaron más de 889.000 euros en efectivo a presuntos miembros de la organización criminal. "Fueron detenidos en el aeropuerto Madrid-Barajas en el momento en el que se dirigían al embarque del vuelo AV-47 con destino Bogotá, transportando distintas cantidades ocultas en el doble fondo de su equipaje de mano", explica la Fiscalía Antidroga.
Para tratar de recuperar el dinero, el escrito de acusación apunta a que se celebró de inmediato un encuentro al que acudieron Miñanco y el propio Boye, quien por aquel entonces ya estaba ejerciendo como abogado del capo gallego en un procedimiento que se seguía contra él por un delito de blanqueo de capitales ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. "En esta reunión, Boye Tuset y Morán Castro [otro de los acusados] les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en el expediente sancionador que permitirían así justificar el origen legal del dinero intervenido", señala la Fiscalía.
Lawfare a todo trapo", denunció Puigdemont a través de sus redes sociales nada más conocerse la imputación de su abogado. "Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Boye le pretenden hacer difícil su trabajo. No se saldrán con la suya". Cinco años después, el término lawfare está más en boga que nunca por la amnistía, pero ni esta ley ni los recursos que Boye ha ido interponiendo han logrado librarle de sentarse en el banquillo por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial.