La Universidad Complutense de Madrid (UCM) admitió que no disponía de «documentación» que acreditase la idoneidad de Begoña Gómez para designarla directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
Prosigue el escándalo de las adjudicaciones a familiares del líder del Partido Popular. Prosigue el escándalo de las adjudicaciones de contratos de la Xunta de Galicia a la empresa de la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Lo último que se ha sabido es que la Xunta de Rueda adjudicó más de 17 millones de euros en dos años a la mercantil en la que trabaja la familiar del político conservador, según informaciones de Público. Desde que el actual presidente del PP ganó las elecciones autonómicas de 2009, la Administración gallega ha asignado a Eulen 5
Marlaska convirtió su sueldo de 90.000 euros como ministros en inversiones inmobiliarias VIP en El Escorial y Malasaña. Marlaska desembarcó en el Ejecutivo con 10.000 euros en su cuenta bancaria, otros 10.000 en acciones y con deudas hipotecarias de 100.000 euros. Los bienes inmuebles del ministro se valoraron en 164.000 euros. Es la declaración que recogía el Boe el en septiembre de 2018. En marzo adquirió una villa el Escorial, por un importe de 1,2 millones de euros al contado. En 2020, el ministro declaró una vivienda en Malasaña por 1,3 mi
El Consello de Contas de Galicia alerta de que el 46% de los expedientes de licitación abierta de ese año incluyeron criterios de adjudicación susceptibles de anulación y que la mitad de esos entes usó los contratos menores de forma irregular.
El Parlamento de Cantabria ha rechazado este jueves que el diputado de Vox devuelva la retribución que ha estado cobrando durante ocho meses a dedicación exclusiva mientras mantenía sus negocios privados, y que le ha sido retirada hace apenas diez días por “incompatible”. La Mesa del Parlamento ha tumbado por mayoría la petición del PSOE basándose en un informe jurídico...
La primera beneficiada ha sido la ex ministra socialista Magdalena Álvarez...La ponencia que ha decidido anular la condena por prevaricación corre a cargo de la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán. La magistrada granadina fue premiada con la Medalla de Andalucía por José Antonio Griñán, uno de los condenados que ha recurrido en amparo a su Constitucional para que se le perdone la pena.
Las sentencias del tribunal de garantías que desmontan las acusaciones por prevaricación y malversación reprochan tanto a la Sala de lo Penal como a la Audiencia de Sevilla haber criminalizado la actividad legislativa de la Junta y atribuir el reparto ilegal de dinero público sin argumentos suficientes.
"Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar como está el tema del Reus", se escucha en uno de esos audios, enviado por Rubiales Koldo el 17 de julio de 2019, al que respondió el receptor con un "mil gracias" y varios emoticonos de plegarias.
Se trata de la tercera comisión de investigación, tras las creadas en el Senado y en el parlamento balear, y en esta ocasión su objetivo es esclarecer los hechos y que haya transparencia
El exministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó a finales de 2020 un megacontrato para el suministro de mascarillas valorado en 2.579 millones. Al pliego de ese acuerdo marco, dividido en numerosos lotes, optó Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas de la mano del gigante Ferrovial. La UTE que conformaron resultó adjudicataria en dos lotes. De esa forma adelantó a un buen número de sus competidoras en el listado de empresas seleccionadas, pese a que sus precios eran de los más elevados.
"Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información", decía el fiscal en un momento de la entrevista, "le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a usar jamás, para insinuar, para filtrar para decir".
Los informes que los agentes de la Policía Municipal de Madrid redactaron durante sus inspecciones a las residencias de la capital ofrecen un retrato fidedigno del horror que sufrieron los mayores, el agotamiento físico y mental de sus trabajadores y la sensación de abandono por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acudido a los tribunales para evitar que estas actas salgan a la luz, como exige el Consejo de Transparencia al dar la razón a un ciudadano que las había solicitado formalmente.
