El Supremo denuncia que Irene Montero usó a la Abogacía del Estado para burlar a la Justicia

Varapalo del Tribunal Supremo a la Abogacía del Estado por interceder en defensa de Irene Montero «con una petición que no está amparada en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil». El órgano administrativo recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) en busca de un atajo jurídico con el que evitar que la ministra de Igualdad en funciones tuviese que pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, el hombre cuyo derecho al honor vulneró al referirse públicamente a él como un maltratador, según una sentencia del Alto Tribunal.