Así consta en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar el llamado caso Koldo. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicha documentación.
La citada "protección" consistiría en que Villalba proporcionase teléfonos móviles seguros a los miembros de la supuesta trama corrupta para que éstos se comunicasen sin ser interceptados. De esta red formaban parte Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro, y el empresario Víctor de Aldama.
En total, según cifran los agentes de la UCO, el comandante recibió, para tal fin, casi 90.000 euros de parte de la trama, que se habría dedicado, a partir de 2020, a cobrar comisiones ilegales a través de contratos públicos y a extender su influencia a lo largo de la Administración pública.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el pasado marzo, el Ministerio del Interior cesó de su puesto en la Embajada de España en Venezuela a Rubén Villalba, al que se le atribuye ahora un supuesto delito de cohecho y otro de organización criminal.
De hecho, el comandante fue detenido a principios de aquel mes en el madrileño Aeropuerto de Barajas, al que llegó tras tomar un vuelo procedente de Málaga. Los agentes de la UCO le arrestaron allí ante la sospecha de que su destino final pudiese ser Venezuela, en cuya embajada española llevaba poco tiempo destinado.
Según consta en el sumario del llamado caso Koldo, Villalba habría avisado al resto de miembros de la trama de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les seguía los pasos. Cuando este mando de la Benemérita fue detenido en Barajas, llevaba encima 4.835 dólares en efectivo.
Por otro lado, Rubén Villalba aparece reseñado bajo el alias de "R" en varios documentos intervenidos a los detenidos. Al lado de su inicial aparece la cifra de 2.000, que sería el número de euros que la trama le pagaba mensualmente en efectivo. "Lo de todos los meses", se menciona en las conversaciones de un chat grupal del que formaban parte varios miembros de la red supuestamente corrupta.
Por ello, de cara a la elaboración de este último informe, la UCO ha analizado los gastos efectuados por Villalba. Y ha detectado que las transacciones con tarjetas disminuyeron notablemente en el plazo en el que habría recibido estos fondos en efectivo.
De acuerdo con las transcripciones que aparecen en el dosier policial, el comandante reveló a otros guardias civiles que realizaba esta función en favor de la trama. Uno de los participantes en la conversación verbaliza qué sentido tendría este proceder: "Desde luego, los teléfonos los estaban empleando precisamente para que no les pillaran".
Según el informe, Aldama requería, en ocasiones, hasta tres teléfonos por mes, debido a su preocupación por lograr una vía segura de comunicaciones, que no fuera interceptado por la UCO.
Los miembros de la trama se referían a estos dispositivos con los términos en clave de "café" o "papeles". Otro de los servicios de Rubén a la supuesta red corrupta fue un barrido en el interior del coche de Aldama, efectuado en julio de 2021, para averiguar si había algún micrófono oculto.
El 'caso Koldo'
En el llamado caso Koldo, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varias adjudicaciones concedidas a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro de la trama Koldo.
Dicha compañía se embolsó más de 30 millones de euros mediante dos contratos firmados con el Ministerio de Transportes en 2020, cuando Ábalos era ministro. La empresa pública Puertos del Estado le concedió uno por valor de 20 millones de euros para suministrar mascarillas al inicio de la Covid-19. Por su parte, Adif, gestora de las infraestructuras ferroviarias y también adscrita a Transportes, le adjudicó otro, por valor de 12,5 millones.
Así consta en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar el llamado caso Koldo. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicha documentación.
La citada "protección" consistiría en que Villalba proporcionase teléfonos móviles seguros a los miembros de la supuesta trama corrupta para que éstos se comunicasen sin ser interceptados. De esta red formaban parte Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro, y el empresario Víctor de Aldama.
En total, según cifran los agentes de la UCO, el comandante recibió, para tal fin, casi 90.000 euros de parte de la trama, que se habría dedicado, a partir de 2020, a cobrar comisiones ilegales a través de contratos públicos y a extender su influencia a lo largo de la Administración pública.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el pasado marzo, el Ministerio del Interior cesó de su puesto en la Embajada de España en Venezuela a Rubén Villalba, al que se le atribuye ahora un supuesto delito de cohecho y otro de organización criminal.
De hecho, el comandante fue detenido a principios de aquel mes en el madrileño Aeropuerto de Barajas, al que llegó tras tomar un vuelo procedente de Málaga. Los agentes de la UCO le arrestaron allí ante la sospecha de que su destino final pudiese ser Venezuela, en cuya embajada española llevaba poco tiempo destinado.
Según consta en el sumario del llamado caso Koldo, Villalba habría avisado al resto de miembros de la trama de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les seguía los pasos. Cuando este mando de la Benemérita fue detenido en Barajas, llevaba encima 4.835 dólares en efectivo.
Por otro lado, Rubén Villalba aparece reseñado bajo el alias de "R" en varios documentos intervenidos a los detenidos. Al lado de su inicial aparece la cifra de 2.000, que sería el número de euros que la trama le pagaba mensualmente en efectivo. "Lo de todos los meses", se menciona en las conversaciones de un chat grupal del que formaban parte varios miembros de la red supuestamente corrupta.
Por ello, de cara a la elaboración de este último informe, la UCO ha analizado los gastos efectuados por Villalba. Y ha detectado que las transacciones con tarjetas disminuyeron notablemente en el plazo en el que habría recibido estos fondos en efectivo.
De acuerdo con las transcripciones que aparecen en el dosier policial, el comandante reveló a otros guardias civiles que realizaba esta función en favor de la trama. Uno de los participantes en la conversación verbaliza qué sentido tendría este proceder: "Desde luego, los teléfonos los estaban empleando precisamente para que no les pillaran".
Según el informe, Aldama requería, en ocasiones, hasta tres teléfonos por mes, debido a su preocupación por lograr una vía segura de comunicaciones, que no fuera interceptado por la UCO.
Los miembros de la trama se referían a estos dispositivos con los términos en clave de "café" o "papeles". Otro de los servicios de Rubén a la supuesta red corrupta fue un barrido en el interior del coche de Aldama, efectuado en julio de 2021, para averiguar si había algún micrófono oculto.
El 'caso Koldo'
En el llamado caso Koldo, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varias adjudicaciones concedidas a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro de la trama Koldo.
Dicha compañía se embolsó más de 30 millones de euros mediante dos contratos firmados con el Ministerio de Transportes en 2020, cuando Ábalos era ministro. La empresa pública Puertos del Estado le concedió uno por valor de 20 millones de euros para suministrar mascarillas al inicio de la Covid-19. Por su parte, Adif, gestora de las infraestructuras ferroviarias y también adscrita a Transportes, le adjudicó otro, por valor de 12,5 millones.