Esta decisión se produce después de que este organismo acusara al director general de Emergencias del actual Govern, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015 Los populares quieren que, a partir de ahora, el registro tenga "carácter reservado" para dificultar la transparencia Las investigaciones en marcha se remitirán a la Inspección General, depend
La sociedad fue disuelta en 2022, tras los dos ejercicios en los que las Alberto González Amador defraudó a Hacienda, y la creó en 2013 Fernando Camino, actual presidente de Quirón Prevención
Otro dato relevante para los investigadores es que la empresa intermediaria valenciana, Gama Global, nunca dispusiera de más de cinco trabajadores, uno de ellos además con "antecedentes penales por estafa". "Resulta especialmente significativo, según los ingresos declarados por Star Tic Innovation SA, que ésta sociedad pasó no de facturar o facturar apenas 127.000 euros el ejercicio anterior, a declarar ingresos por valor de 33.104.946 euros en 2020", dice la Guardia Civil. De estos fondos, 20.790.563 euros fueron empleados para la adquisición
Un juzgado de Madrid admite a trámite la demanda de una asociación de vecinos por el presunto desvío de poder del consistorio al asumir la construcción de un túnel de acceso a dos nuevos aparcamientos adjudicados a una empresa del Real Madrid. También se ha presentado una denuncia ante la UE.
Avanzan las causas relativas a los expedientes de los rescates del Gobierno a empresas durante la pandemia del coronavirus. La Audiencia Nacional reclama el "expediente completo" por el que se concedió en diciembre de 2021 una ayuda de 18 millones de euros al grupo Universo Pachá. El Gobierno efectuó la operación con cargo al fondo de recapitalización gestionado por (Cofides) integrada en el ministerio de Industria que entonces encabezaba María Reyes Maroto. El rescate tuvo polémica por las dudas sobre el carácter estratégico de unas diwcotecas
El PP paga a varios de los miembros de su cúpula, empezando por su líder, un dinero extra que se suma al sueldo que cobran como parlamentarios. No puede ser un segundo sueldo, porque eso está prohibido por ley, de modo que el PP lo llama de otra manera.
El empleo de fondos públicos de la Universidad Complutense -60.500 euros- para impulsar la web de la empresa de la mujer del presidente del Gobierno no sólo podría constituir un delito de malversación de caudales públicos y posible apropiación de recursos públicos para obtener beneficios personales. No se han habilitado los avisos de cookies, sino que se salta las obligaciones legales de identificar al editor recogidas en el artículo 10 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. Carece,del aviso legal yno cumple con la obligación de
La exparalímpica canadiense Christine Gauthier solicitó un elevador de sillas de ruedas para maniobrar en su domicilio con mayor facilidad. El Departamento de Asuntos de Veteranos le ofreció, por escrito, la oportunidad de una muerte con asistencia médica.
La ex directora de la Guardia Civil dimite seis días después de que un juez imputase a su esposo prevaricación, malversación y blanqueo. La Agencia IDEA -la que pagaba los fondos de los ERE-, ayudas públicas -otra vez-, facturas falsas y tres hermanos que se hacen socios y (supuestamente) se enriquecen desviando el dinero que debía ayudar a empresas andaluzas, algunas en quiebra, como Santana Motor. Ésos son los ingredientes del enésimo caso de corrupción en los gobiernos del PSOE en Andalucía que se investiga en los juzgados de Sevilla y que
Vox tendrá que pagar una multa de 233.324,22 euros por financiación irregular. El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de los partidos políticos y del sector público, ha impuesto su primer castigo a la formación ultra por recaudar fondos prohibidos por ley.
