"Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información", decía el fiscal en un momento de la entrevista, "le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a usar jamás, para insinuar, para filtrar para decir".

Las redes vecinales recuerdan como fue confeccionar mascarillas y repartir comida mientras los comisionistas se llevaban millones de euros

Crónica Libre accede a dos audios que demuestran que el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, y el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón difundieron en Antena 3 y en el canal del más periodismo información de Eduardo Inda contra Podemos y Pablo Iglesias que sabían que era falsa.

El exministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó a finales de 2020 un megacontrato para el suministro de mascarillas valorado en 2.579 millones. Al pliego de ese acuerdo marco, dividido en numerosos lotes, optó Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas de la mano del gigante Ferrovial. La UTE que conformaron resultó adjudicataria en dos lotes. De esa forma adelantó a un buen número de sus competidoras en el listado de empresas seleccionadas, pese a que sus precios eran de los más elevados.

La Fiscalía lleva un año intentando localizar a San Chin Choon para que declare, aunque sospecha que Luceño pudo falsificar documentos

Empezó siendo 'Isidoro' el sevillano y en el 40 aniversario de su llegada a la Moncloa, en 1982, tiene la ciudadanía de la República Dominicana. Un libro denuncia los negocios que hay detrás.

Los informes que los agentes de la Policía Municipal de Madrid redactaron durante sus inspecciones a las residencias de la capital ofrecen un retrato fidedigno del horror que sufrieron los mayores, el agotamiento físico y mental de sus trabajadores y la sensación de abandono por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acudido a los tribunales para evitar que estas actas salgan a la luz, como exige el Consejo de Transparencia al dar la razón a un ciudadano que las había solicitado formalmente.

Cada vez más cercado. El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el llamado caso Koldo deja muy mal parado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Destacados miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han comenzado a abandonar la asociación en las últimas horas. Entre ellos se encuentran la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña; el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y Carlos Castresana, histórico fiscal ahora destinado en el Tribunal de Cuentas que ejerció como Comisionado de la ONU

Una conversación grabada hace una década entre Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez revela cómo el comisario, que se jactó de manejar a Manos Limpias, facilitó al Gobierno de Rajoy datos sobre supuestos negocios del suegro de Pedro Sánchez y que Interior planeó poner a policías a investigarlo para hacer llegar la información a Rajoy y usarla "cuando haga falta"

En un escrito al juez, señalan la 'falta de colaboración' de la mujer del presidente en una investigación interna sobre la cátedra que se le otorgó. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pedido al juez Juan Carlos Peinado, a cargo de la causa que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que prosiga investigando a causa de "una falta de colaboración" de Gómez en un anális interno de la universidad sobre la cátedra que el centro le otorgó.

La trayectoria profesional y vital de Ana Garrido confluyeron de forma notable cuando decidió denunciar hace casi veinte años las irregularidades del ayuntamiento madrileño de Boadilla dentro de la trama Gurtel. Garrido, un icono para muchos ciudadanos que decidieron denunciar su situación de corrupción, es ahora la presidenta de la Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción ( AEDICO) desde hace más de un año e impulsa su consultora sobre canales de denuncia.

El Ejecutivo aceptó el presupuesto el 20 de abril de 2020, cuando Central de Sanitary Traders Spain SL no existía. La constitución de la sociedad se formalizó una vez había sido beneficiada con la adjudicación y no apareció en el BORME hasta mayo.

En las diligencias previas a las que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, la Guardia Civil relata una trama en torno a la empresa pública de limpieza, Soliarsa, que utilizaba “cajas fuertes” y “dinero en sobres” y “bolsas” para supuestamente robar dinero público y ofrecer puestos de trabajo por “afinidad política”.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha confirmado este lunes que la Administración que dirige ha iniciado los trámites para indultar a los nueve condenados por el caso de los ERE de Andalucía .

La prima de Alberto Núñez Feijóo, Eloína Núñez Masid, exgerente de los hospitales públicos de Santiago y la comarca coruñesa de O Barbanza, tramitó dos contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que adjudicaron 3.931.924,43 euros a Eulen, la empresa que dirige en Galicia y el noroeste de España la hermana pequeña del presidente del PP, Micaela Núñez Feijóo.

A Óscar Puente se le podrán reprochar muchas cosas, pero no que no trabaje 24 horas al servicio de su amo.

Entre los miembros de la agrupación territorial de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), coliderada por una prima de Alberto Núñez Feijóo y que busca la “transformación del sistema sanitario” en líneas empesariales, figura Mariluz Marqués, gerente de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y esposa del exconsejero Darpón.

Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas decidieron registrar el contenido de su siguiente reunión con dos directivos de Mercasevilla que le habían pedido una comisión de 450.000 euros. A cambio de abonar este «impuesto revolucionario», le prometieron una subvención de 900.000 euros. El Gobierno andaluz, por entonces en manos del PSOE, agilizaría los permisos.

El partido de extrema derecha pretendía bloquear el reinicio de las obras del nuevo estadio con una propuesta redactada por el abogado vinculado a un supuesto comprador del club, inmerso en una operación urbanística millonaria

Trompetería mediática a tope pero ni un estudio mínimamente riguroso para contestar una pregunta sencilla. ¿Quién va a pagar los más de 2.000 millones que costará traer la Fórmula I a Madrid durante 10 años? Díaz Ayuso y Almeida lo saben, pero no lo han dicho. Así que lo hago yo