Lo injusto de nuestra justicia
Si tiene la molesta sensación de que la justicia está tan politizada como la política judicializada, la línea disyuntiva se diluye hasta que se funden en una misma cosa, y se hace difícil discernir dónde empieza una y termina la otra, estimado lector, es porque vive usted en un país donde no existe separación entre los poderes del Estado.
Siendo honestos, es difícil negar que, en España, ese aspecto se ha desvirtuado hasta la extenuación. La sentencia del caso "Noos" ha desmitificado definitivamente el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, y el hecho de que el bipartidismo siga teniendo influencia directa en la elección de los magistrados que integran el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, y de innumerables jueces estratégicamente colocados en los T. Superiores de Justicia, como diría una mente preclara de nuestro tiempo: "no es cosa menor; o dicho de otra manera,es cosa mayor".
Por otro lado, los partidos todavía imperantes nos profieren graves insultos cada vez que, siendo los únicos responsables de la precaria situación de la Judicatura, a posteriori, protestan por la tardanza en la resolución de los macroprocesos, a la vez que entorpecen su labor dilatándolos ad nauseam mediante apelaciones y recursos interpuestos por abogados que han participado en la creación del propio texto legislativo, y que están entrenados para rebatir la ley de la gravedad si se antoja necesario; u optando por vías menos diplomáticas, como la destrucción física de pruebas incriminatorias. Y porque son, precisamente, los miembros de sus organizaciones quienes han mostrado un denodado esmero en procurar tal desmesura en la magnitud de las tramas vistas y por haber esparcidas por el panorama nacional como las teselas de un mosaico de criminalidad entrópica.
Mientras la ciudadanía tiene que padecer el bochorno y la resignación de ver cómo dejan en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarín después de cometer la relación completa de delitos de corrupción que contempla el Código Penal; rama del derecho que se limita a las tipologías delictivas más graves, tenemos que digerir impertérritos que una mujer ingrese en prisión por gastarse 800 € con una tarjeta de crédito robada para comprar comida hace 7 años. Y que, en el otro extremo, un partido imputado por financiarse ilegalmente con dinero de procedencia ilegal desde su fundación, con todos sus tesoreros implicados, y con más de 800 cargos públicos encausados, continúe gestionando el presente y el futuro de 46.000.000 de personas.
Cuando se produce esa anomalía incompatible con la democracia, ésta pierde su razón de ser, y permite que se produzcan semejantes aberraciones; que, de otro modo, serían impensables. Definitivamente, la impunidad ha dejado de ser un concepto abstracto para materializarse en la más cruda y penosa de las realidades.
A pesar del ruido y la distorsión, no ha pasado inadvertido el nuevo episodio en que el Gobierno ha impuesto su autoridad para apartar al Fiscal General de Murcia, quien, previamente, había recibido fuertes presiones y amenazas, para "embutir" a alguien afín con más tendencia a esa indulgencia punitiva que, más que rayar en la prevaricación, trata simple y llanamente de eludir la acción de la justicia.
Con el Ministro Miguel Catalá, la injerencia ufana ha sido elevada al grado de obscenidad, y para salvar el pellejo de una serie de corruptos palmarios que, al parecer, saben demasiado, han decidido sacrificar el escaso crédito que queda en el haber de la Institución Pública española en detrimento de todo lo demás.
En una atmósfera enrarecida donde se libra una guerra entre Comisarios policiales igualmente politizados (policía política), se conculcan alegremente Derechos Constitucionales tan básicos como el de Libertad de Expresión, de Reunión y Manifestación con el objeto de eliminar los contrapesos de que disponemos por la vía de la criminalización de la protesta, y ni los órganos de fiscalización y arbitraje escapan a los tentáculos viciados de la depravación; la pérdida de legitimidad y de seguridad jurídica es inasumible. Y avanzando en tal sentido, seguiremos inmersos en un proceso de degradación vertiginoso que parece difícil augurar si ha tocado fondo, y hacia dónde conduce más allá de la decadencia que se palpa en el ambiente dejando en el paladar un regusto vómico.
Que el mismísimo Presidente del T. Supremo afirme sin provocar un terremoto socio-político que "la Ley está pensada para el 'robagallinas', y no para los grandes delincuentes fiscales", debería ser un motivo de reflexión para no caer presos del envilecimiento.
Relatar este compendio de obviedades solo sirve para reivindicar una circunstancia deletérea para con el Estado de Derecho en un contexto donde el debate está secuestrado por el tamiz de las ideologías, el dogmatismo y la decrepitud moral.
“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. - Montesquieu.
