Más de la mitad de los inquilinos madrileños caen en situación de pobreza severa relativa después pagar su alquiler y los gastos unidos a la vivienda. Así lo constata el informe publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley, que revela que el 55% de los alquilados de la capital apenas se quedan con 561 euros para toda la familia (unidad de consumo) tras estos pagos. Barcelona, donde el porcentaje se reduce hasta el 48,1%, tampoco está mucho mejor.
Las estadísticas relativas a la vivienda caen como losas día tras día y la amarga asunción a la que se ven empujados los ciudadanos de estas grandes urbes, a falta de una intervención real de las administraciones públicas, no alivia la dramática situación que atraviesan miles y miles de familias trabajadoras. Los autores del estudio publicado este miércoles aseguran que “refleja una realidad preocupante en la que una proporción significativa de los hogares inquilinos queda atrapada en una espiral de precariedad económica, sin recursos suficientes para cubrir otras necesidades básicas”.
El estrés financiero persigue a los hogares especialmente en las dos principales ciudades del país, destacándose Madrid, donde siete de cada diez inquilinos sufren estrés financiero (destinar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler), cifra que se mantiene en un elevado 65% en la ciudad condal. Pormenorizando y desgranando los datos, la fotografía resultante muestra que uno de cada tres hogares destina más del 50% de sus ingresos al alquiler, razón por la que en la capital casi la mitad de los alquilados (48,3%) muestran preocupación por el porcentaje de ingresos que destinan al arrendamiento.
El grupo de hogares en situación de sufrimiento se agranda según se reduce levemente la cantidad de ingresos destinados al alquiler. Así, cerca del 40% de hogares inquilinos se encuentra en situación de sobreesfuerzo en todo el país, destinando más del 40% de sus ingresos al alquiler y gastos, porcentaje situado muy por encima de lo recomendado. “Esto convierte a España en la economía europea con el mayor porcentaje de inquilinos en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social: un 45%”, denuncian desde el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona.
Vivir de alquiler en España es sinónimo de inseguridad vital y estrés financiero
Este fenómeno es especialmente acuciante en las grandes ciudades, donde más del 50% de los hogares inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler. Esta realidad, que aleja al país de los vecinos europeos, responde a una lógica de políticas públicas, no a una gaseosa realidad de mercado ni a la terrorífica y ficticia inseguridad de los caseros. La relación entre el precio de la vivienda y la renta media disponible de los hogares españoles no ha dejado de crecer desde 2015 (+27,5%); es decir, los precios de la vivienda suben muy por encima de los salarios.
No obstante, la separación de caminos entre España y el resto de Europa viene de mucho más atrás. En países como Francia, Alemania o Países los contratos de alquiler indefinido son la norma y para su rescisión se deben de alegar unas causas muy justificadas y delimitadas (necesidad del inmueble del casero o incumplimiento flagrante de contrato del inquilino, por ejemplo). Mientras, en nuestro país nueve de cada diez alquileres son temporales gracias al decreto impulsado en 1985 por Miguel Boyer, ministro de Economía de Felipe González, que eliminó los alquileres indefinidos.
“A diferencia de lo que sucede en países europeos, vivir de alquiler en España es sinónimo de inseguridad vital y estrés financiero”, lamentan los realizadores del estudio, que apuntan que en nuestro país tan solo el 7,65% de los contratos (contratos de renta antigua y de alquiler social) brindan protección contra las subidas cuando toca renovación de contrato (anual, cada tres o cada cinco) o directamente los desalojos sin causa justificada, más allá de poner un piso de alquiler vacacional que brinde mayor renta al casero y siga gentrificando el barrio.
La apuesta por la temporalidad en los alquileres vino justificada por un supuesto aumento de la oferta que nunca llegó, igual que tampoco llega en la actualidad dotando de libertad a los propietarios o construyendo sin conocimiento, como han demostrado las crisis consecutivas. Todo ello ha generado en la actualidad una hiperinseguridad caracterizada por una sustitución de los contratos temporales por alquileres de temporada, con una duración de apenas unos meses y mayores beneficios para caseros e inmobiliarias. En beneficio de inmobiliarias y caseros. En detrimento del groso de la población.
Posibles soluciones
El análisis certero del IDRA evidencia la necesidad de un abordaje rápido y profundo, desde lo público, para el que los autores proponen una seria de medidas:
- Acabar con la temporalidad del alquiler mediante la implantación de contratos indefinidos, siguiendo el ejemplo de Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Escocia.
- Regulación efectiva de los precios del alquiler, vinculada a las economías de los hogares inquilinos, dado que el índice de precios ha demostrado grietas y la ley no contempla sanciones.
- Medidas para evitar la desviación de viviendas hacia usos especulativos y antisociales mediante contratos de alquiler hiperinseguros; es decir, limitar el uso de viviendas para fines no residenciales o fórmulas contractuales que se alejen de la Ley de Arrendamientos Urbanos.