El logo del banco español Santander (REUTERS/Kacper Pempel) Del gozo al pozo. El 14 de abril de 2005 - fecha que tiene grabada a fuego - Francisco Guerrero, un albañil originario de Cádiz y residente en Castellón, ganó 6,5 millones de euros en la Bonoloto, uno de los sorteos de lotería regulados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se debía sentir el hombre más afortunado del mundo: esa cantidad de dinero es suficiente para dar de comer a cualquiera y a sus bisnietos. Por poner en perspectiva, teniendo en cuenta que el salario neto anual promedio en España ronda los 23 mil euros, haría falta trabajar durante casi 283 años para acumular la friolera de 6 millones y medio de euros.
Sin embargo, Francisco cometió un “error”: lo invirtió todo en productos “complejos y atípicos” del Banco Santander. Pero, claro, Francisco es un hombre sin estudios y “totalmente ignorante en cuestiones financieras” que realizó su inversión bajo la impresión de que se trataba de depósitos a plazo fijo sin ningún riesgo. Esto sucedió en 2007, después de lo cual Francisco siguió trabajando “sin tocar un euro”, posiblemente guardándolo para emergencias y con la intención de dejarlo en herencia a sus descendientes, ya que, además, invirtió una parte a su nombre y otra a nombre de cada uno de sus cuatro hijos.
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No fue hasta dos años después, en 2009, cuando, a raíz de una dolencia en la rodilla, trató de extraer 30.000 euros y, solo entonces, sin haber recibido ninguna notificación previa, supo la verdad: no le quedaba nada. Comenzó, así, la dura batalla entre Francisco, un particular que, desde el desconocimiento, realizó una inversión asumiendo que nada podía salir mal; y el Banco Santander, una entidad bancaria presente en numerosos países que cuenta con 1.797.062 millones de euros en activos, además de 8.092 millones de euros de capital social.
La entrada a los Juzgados de Mislata (Europa Press)
La vida de Francisco cambió de un día para otro. Aunque ya había ganado dos juicios contra la entidad, se encontró en una situación económica muy precaria, en parte por complicaciones de salud y por las deudas que generó su inversión, que le obligaron a hipotecar su casa y acabar viviendo de okupa en su propia vivienda al no poder afrontar las cuotas. Según Guerrero, el banco “ha destruido mi vida”, se siente víctima de un “robo y un engaño” y ya no tiene “ánimo para luchar”
En el tercero de los juicios entre el gigante económico internacional y Francisco, el albañil gaditano que tuvo un golpe de suerte, la parte demandante pedía una acción de “responsabilidad contractual por incumplimiento del contrato de asesoramiento financiero e indemnización de daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento contractual”. Por si fuera poco, los propios productos contratados por Francisco motivaron incluso un expediente del Consejo Nacional del Mercado de Valores que multó al Santander con dos sanciones de 10 y de 6′9 millones de euros, confirmadas posteriormente por el Ministerio de Economía, por comercializar este tipo de producto.
El hecho de que el banco no informase a Francisco sobre el producto que estaba contratando y los riesgos asociados al mismo supone un “incumplimiento contractual, plasmado en la inobservancia de obligaciones esenciales que le imponía el tipo de contrato a celebrar, como facilitar información comprensible y asequible al cliente, lo que no consta que hubiera hecho, teniendo la carga de la prueba al respecto”.
Santander gana 9.309 millones de euros en los primeros nueve meses del año.
El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Castellón estimó la demanda interpuesta por Francisco Guerrero y condenó en febrero de 2020 a la entidad bancaria a pagarle cerca de 163.000 euros (46.675 a él y el resto a dos de sus hijas) en concepto de daños y perjuicios, tal y como publicó el diario El Mundo citando a la agencia EFE. Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Castellón desestimó una demanda posterior en la que Francisco reclamaba 1.556.234 euros de indemnización al Banco Santander en concepto de daños y perjuicios por una “supuesta” mala praxis financiera.